El que fuera presidente de Cataluña hasta la fallida declaración de independencia de Cataluña el pasado octubre, Carles Puigdemont, ha denunciado que la defensa por parte del Gobierno a Pablo Llarena en Bélgica es "un precedente gravísimo". El magistrado, que podría hacer frente a una querella interpuesta por el expresidente catalán y varios exconsellers, está amparado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha anunciado que protegerán al juez del Tribunal Supremo "hasta las últimas consencuencias". "El cambio de postura se debe a 'presiones políticas", ha asegurado el catalán, que se ha reunido en Waterloo con su sucesor, Quim Torra. Es por ello que ha tendido la mano al presidente Sánchez, al que ha advertido que el futuro de Cataluña dependerá de las actuaciones del Gobierno.
"Ya veremos qué pasa el día 4. Lo que estoy seguro es que hay muchas presiones políticas, lo que demuestra nuestra argumentación principal desde que empezó este maldito proceso contra el 'procés': todo esto es un montaje político, de persecución política", ha llegado a afirmar el líder de JxCAT. Incluso ha instado al resto de jueces a "tener la boca callada" ante denuncias que están en curso.
Ante la pregunta de uno de los periodistas sobre la creciente escalada de violencia en Cataluña entre los independentistas y los que quien permanecer en España, Puigdemont ha criticado al PP y Ciudadanos por "filtrear con la violencia", recordando que las armas de los catalanes son "solamente democráticas".
El expresidente de la Generalitat ha mantenido reunión en un hotel de la ciudad belga junto a los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, que fueron los que, junto a Puigdemont, presentaron una querella el pasado 5 de junio por unas declaraciones del juez Llarena al afirmar que los presos catalanes no son "presos políticos". También estuvo presente la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi. El juez tendrá que acudir el próximo 4 de septiembre a Bélgica para recoger la demanda, de carácter civil.