El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, se encuentra citado hoy en la Audiencia Provincial de Sevilla, para prestar declaración en el juicio por el caso de los ERE, en el que se juzga a 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz.
Griñán, que fue Consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, deberá responder a las preguntas de la Fiscalía sobre si conocía o no los informes que alertaban sobre las irregularidades cometidas en el plan de ayudas a empresas en crisis, aprobado por La Junta de Andalucía en 2001.
Ya en 2015, ante el Tribunal Supremo, el expresidente de la Junta negó haber sido informado de lo que estaba ocurriendo, pese a que se le remitieron varios informes. Por todo ello, la Fiscalía pide para él 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.
El caso de los ERE es, al menos a nivel económico, el mayor caso de corrupción política de España. Comenzó cuando, en 2001, el Gobierno andaluz aprobó un plan de ayudas para empresas con problemas, que presentasen un ERE para hacer prejubilaciones y despidos. En el plan se invirtieron, solo hasta 2011, más de 700 millones de euros, cifrándose en 1.217 millones el dinero destinado para cumplir todo el proyecto.
Sin embargo, en seguida comenzaron a surgir irregularidades. Las sospechas de corrupción llegaron cuando se comenzaron a conceder ayudas, por ejemplo, a nombre de personas que no tenían ninguna empresa, o cuando se pagaban prejubilaciones a trabajadores que nunca habían formado parte de la plantilla de la empresa en la que, según los papeles, habían trabajado.
La investigación judicial también estudia casos de subvenciones concedidas a empresas que no presentaron ningún Expediente de Regulación de Empleo o las altísimas comisiones que se dieron a intermediarios.
Este caso de corrupción obligó al PSOE andaluz, que gobierna desde 1980, a hacer una profunda remodelación, poniendo a Susana Díaz al frente y dejando a los que habían sido sus cabecillas en manos de los tribunales.