Los hechos han ocurrido cuando en sentencia judicial firme de 18 de septiembre de 2009, el Juzgado de 1ª Instancia nº14 de Bilbao decretó la incapacitación de la tutelada, acordando que la acusada ejercitaría el cargo de tutora de la misma.
La acusada ejerció el cargo de tutora desde la constitución de la tutela hasta el 3 de febrero de 2015, fecha en la que fue removida del cargo mediante auto judicial firme.
En fecha de la constitución de la tutela, el patrimonio de la tutelada consistía en la titularidad de 5 fincas rústicas y un total de 129.310’18 €, diversificado en diferentes cuentas bancarias.
La tutelada, en fecha anterior a la constitución de la tutela , se encontraba ingresada en una residencia geriátrica, que hasta enero de 2014, fue dirigida por la propia acusada y cuyo coste mensual ascendía a 2,150 €.
La acusada, con intención de obtener un ilícito beneficio económico, procedió, en el ejercicio de sus funciones administrativas de los bienes derivados de la tutela, a ejecutar ciertas conductas como: el 13 de mayo de 2010, ordenó una transferencia de 15 € a favor de la Residencia, que ella misma gestionaba, cuando el importe de los meses debidos ascendía a la cantidad de 4 mensualidades (8.600 €); el 18 de febrero de 2011 y 14 de agosto de 2012, efectuó dos reintegros de 2.600 y 3.500 € a la cuenta de la tutelada, sin que dichas cantidades redundaran en beneficio de la misma; del 23 de febrero de 2011 hasta 2 de mayo de 2013, efectuó reintegros y transferencias por valor de 53.655’53 €, que tampoco fueron destinados al interés de la tutelada.
Por estos hechos, el Juzgado de Instrucción nº8 de Bilbao condena a la tutora, como autora de un delito de apropiación indebida, a la pena de 18 meses de prisión y abono de las costas procesales.