La organización presuntamente se dedicaba a explotar a inmigrantes irregulares llegados en patera desde Marruecos a los que se mantenía hacinados en viviendas, con trabajos sin percibir sueldo y a los que incluso se les maltrataba con sopletes o cuchillos si no seguían las órdenes para evitar ser detectados. Además, la organización, que estaba asentada en León y las provincias de Palencia, Valladolid y Zamora, supuestamente favoreció la inmigración ilegal, cometió delitos de explotación laboral y fraude a la Seguridad Social, para lo que se valió de la situación de necesidad de sus víctimas.
Fruto de la investigación se ha detenido a diez personas, quienes supuestamente conseguían autorización de residencia por circunstancias excepcionales con motivo de arraigo social, por medios ilícitos y con ánimo de lucro y se ha investigado a otras cinco. Según la Policía, el líder de la organización gestionaba el traslado de inmigrantes irregulares en patera, mayores y menores de edad, desde playas de Marruecos hasta Algeciras y Cádiz. En estas ubicaciones, otros miembros de la organización los iban a buscar y viajaban hacia otras provincias por carretera, en coche o en autobús, y ofertaban "paquetes" de traslado con entrada en España desde su país de origen. Una vez en España se tramitaba la situación administrativa de los inmigrantes, de origen marroquí, de forma ilegal.
El jefe de la organización disponía el traslado hasta la provincia de León, donde tenía una red de pisos en las localidades de Mansilla de las Mulas, Valdepolo, Campo de Villavidel y pueblos aledaños, en los que alojaba a las víctimas. Finalmente eran empadronadas en una de las vivendas controladas por él mismo o por sus colaboradores, trámite que se realizaba de forma fraudulenta y por el que cobraban a las víctimas entre 150 y 300 euros. El líder actuaba como intermediario entre la víctima y el empresario, gestionando los trámites del contrato y la presentación de documentación en la Oficina de Extranjería. El entramado criminal se valía de sus familiares para acudir en calidad de testigos y acreditar el arraigo social.
A cada víctima de explotación se les exigían cantidades que iban de 3 a 10 euros por trámites consistentes en obtener los requisitos necesarios a fin de regularizar su situación administrativa en España. Mientras, vivían hacinados en pisos que carecían de las mínimas condiciones de habitabilidad, tales como agua y calefacción, y las víctimas a menudo comenzaban a trabajar antes de concederles la autorización de residencia en explotaciones ganaderas.
Estas personas percibían un sueldo bajo y en ocasiones trabajaban a cambio de comida o incluso sin remuneración durante largas jornadas, habitualmente sin descanso ningún día de la semana y sin derechos. Además, no se daba de alta a las víctimas en la Seguridad Social, dado que trabajaban sin autorización, y eran instruidas acerca de cómo y dónde esconderse en caso de una inspección laboral. Si no seguían esas órdenes para evitar ser vistos, eran agredidos físdicamente siendo lesionados con sopletes en el rostro o con cuchillos en la espalda.
La operación ha sido realizada en dos fases, una primera que ha culminado con diez detenidos, siete en León y tres en Palencia, Murcia y Valladolid, por los delitos de favorecimiento de inmigración ilegal y obtención fraudulenta de prestaciones de la Seguridad Social. También se han realizado dos entradas y registros en la provincia de León en los que se han intervenido 2 euros, documentación y material informático. La segunda fase ha concluido con cinco investigados por delito de fraude a la Seguridad Social y lesiones.