Se ha dado un incremento sustancial de condenas a maltratadores y de órdenes de protección, tanto de órdenes solicitadas como concedidas, junto a una disminución de denuncias y de víctimas de violencia de género. Estos datos son los más significativos del segundo trimestre de 2019 dados a conocer por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Durante ese período, los órganos judiciales han dictado un total de 13.252 sentencias penales en este ámbito suponiendo un incremento de 1,4 puntos sobre el mismo período del año anterior.
De las 40.495 denuncias presentadas en los órganos judiciales durante este trimestre, han terminado en condena 38.723. Se disminuye por tanto el número de denuncias y el de mujeres víctimas del delito.
Se ha incrementado también el número de denuncias presentadas por familiares de las víctimas, aunque las denuncias presentadas por la propia víctima directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales supone más de un 70 por ciento de las presentadas. Entre las medidas judiciales civiles de protección destaca el número de medidas de atribución de la vivienda (1.268) y de prestación de alimentos (1.555). También se ha suspendido la patria potestad en 24 casos.
En cuanto a medidas penales de protección se han acordado 17.937, frente a las 16.292 del mismo período del año anterior, entre las que destacan la orden de alejamiento, adoptada en 6.694 casos y la prohibición de comunicación, acordada en 6.504 casos. Se adoptaron, de la misma manera, 406 medidas privativas de libertad.
La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, valora de forma positiva algunos aspectos que arrojan las estadísticas sobre violencia de género: en primer lugar, el incremento de las órdenes de protección, tanto las solicitadas como las concedidas, reflejo de una tendencia al alza, que habla, por un lado, de concienciación de las víctimas y familiares y por otro lado, de mayor sensibilidad en la respuesta institucional frente a la violencia de género. La presidenta pide a las víctimas que sigan confiando en las instituciones del Estado, que continúan inmersas en la tarea de erradicar de la sociedad la violencia doméstica y de género.