Guardias civiles, en la Operación Klan-TF II, han desmantelado una red dedicada a obtener tarjetas de residencia española, con la falsificación de los justificantes de envíos de dinero a los países de origen de los interesados, sobre todo Cuba y Venezuela, ya que según la normativa vigente, una persona con DNI español puede solicitar la reagrupación de sus familiares que vivan en países de Sudamérica, si demuestra que estos familiares dependen económicamente de él.
Uno para 4
La investigación se inició a través de la oficina de extranjería de Santa Cruz de Tenerife, por las solicitudes de tarjetas de residencia, que podrían tener justificantes de envío de dinero falsos. Los agentes analizaron más de 220 solicitudes y, tras consultar a las empresas de envío de dinero, comprobaron que eran falsos, es decir, que ese dinero nunca se llegaba a enviar. Se han localizado e investigado a 132 personas, que habían presentado estos justificantes, para solicitar la tarjeta de residencia de sus familiares, algunos de ellos eran los mismos para 4 familiares.
Locutorios
Varios locutorios de Tenerife y La Palma, actuaban como agentes autorizados de empresas de envío de dinero y falsificaban estos justificantes, con recibos en blanco disponibles en sus establecimientos. La prueba definitiva de esta falsificación se obtuvo tras contactar con las sedes centrales de las empresas de envío de dinero que se habían utilizado supuestamente por estos locutorios, que acreditaron que los envíos nunca se formalizaron, entre otras razones, porque la mayoría de las personas, supuestamente remitentes, ni siquiera figuraban como clientes suyos.
Un secreto a voces
Esta actividad generaba a los locutorios una fuente de ingresos, que vieron un negocio en la necesidad de los interesados de traer a sus familias desde Cuba o Venezuela, cobrándoles una cantidad, según el número de documentos. Por este motivo, se ha registrado 3 locutorios de de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Las Galletas, donde obtuvieron las pruebas necesarias. Los investigadores detectaron que este sistema de falsificación se había extendido a través de la comunidad cubana (y en menor medida venezolana), con tanta celeridad que en un período de pocos meses, ya era conocido en toda la isla.
La operación es de los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Tenerife, que han contado con la colaboración de la oficina única de extranjería.