Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han descubierto en Castellón el fraude a la Seguridad Social de más de 7 de euros, en diversas actividades comerciales: hostelería, construcción, imprenta, papelería, costura y arreglos de ropa, mecánica de vehículos, compra venta de materiales galvanizados y chatarra.
Las pesquisas comenzaron en enero, tras recibir denuncias por delitos contra la Seguridad Social. Tras diversas gestiones, los agentes llevaron a cabo la investigación de 178 personas, de las que 18 fueron arrestadas y 12 más investigadas y no detenidas por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución. También descubrieron que, desde el 2008 hasta la fecha, se ha generado un fraude a la Seguridad Social por valor de 7.092.772 euros.
Con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas al organismo público y frustrar el cobro de sus acreedores, los investigados creaban en unos casos grupos fraudulentos de empresas y, en otros, sociedades patrimoniales a las que transferían las ganancias de las empresas deudoras, para esconder su verdadero balance económico.
En el conjunto de los 10 casos, se ha investigado a 74 empresas, muchas de las cuales carecían de actividad y únicamente se habían creado para desviar la contabilidad de las compañías deudoras. Mientras que unas sociedades generaban la deuda, ya que en ellas estaban dados de alta los trabajadores, otras del mismo grupo, sin deuda y sin trabajadores, eran las que figuraban en el entramado económico, razón por la que los acreedores desconocían la verdadera situación financiera de la mercantil. En una de las investigaciones en la que constaba una sola empresa deudora, la realidad era que habían constituido un grupo empresarial con 12 sociedades distintas, con actividades no relacionadas entre sí, que había generado deudas a la Tesorería General de la Seguridad Social por 505.749 euros.
Una familia dedicada a no pagar
En otra de las investigaciones, el cabeza de familia había creado un entramado empresarial dedicado a la construcción de edificios residenciales, gestión de la propiedad, reparación de vehículos y comercio al por mayor de chatarra, entre otros, del que había hecho partícipe a toda la familia. El ánimo defraudatorio del empresario comenzó el día que dio de alta a su primer trabajador, en 2008, sin el ingreso de las cuotas obreras, que sí le había detraído a los trabajadores, hasta hoy. En este caso, la deuda y por el empresario autónomo, ha supuesto un perjuicio a la Seguridad Social de 1.552.927,46 euros.