Ambos, reincidentes, han sido condenados por un delito de falsedad en documento oficial en concurso, con un delito de estafa agravada, por cobrar 2.300 € a un ciudadano senegalés, al que entregaron un contrato de trabajo falso, con el que le aseguraron, conseguiría la residencia legal en España. Además, la abogada y el asesor deberán devolver a la víctima la cantidad entregada.
La sentencia es firme y sin posibilidad de recurso, por conformidad de las partes.
Sucesión de los hechos
Los acontecimientos ocurrieron entre 2012 y 2013. En el año 2012, los condenados contactaron con el ciudadano senegalés, a quien ofrecieron gestionar su solicitud de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. La víctima entregó a la abogada 2.300 € y la letrada le entregó un recibo por valor de 300 € y le prometió que le conseguiría un contrato de trabajo con el cual obtener el permiso de residencia.
La víctima entregó ante la Subdelegación del Gobierno de Vizcaya la documentación que le entregaron y la solicitud fue denegada. En 2013, volvió a solicitar el permiso, con otro contrato de trabajo falso, y le denegaron de nuevo la solicitud. Finalmente, ante las sucesivas negativas, la víctima decidió reclamar por los daños causados.