El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a España a indemnizar a los etarras Igor Portu y Martín Sarasola, autores del atentado con coche bomba en la T-4 de Barajas, en el año 2006. Los jueces han dado la razón a los etarras, que denunciaron malos tratos durante su detención y su custodia.
El fallo ha sido unánime y revoca el dado por el Tribunal Supremo español, que exculpó a los agentes que habían sido previamente condenados por la Audiencia de Guipuzkoa. Los jueces, eso sí, han determinado que Portu y Sarasola recibieron un trato inhumano y degradante, pero no fueron víctimas de tortura.
Todo comenzó en 2008, cuando los etarras fueron detenidos por cometer el atentado de la T-4, en el que murieron dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y medio centenar de personas resultaron heridas. Dos años más tarde fueron condenados a más de 1 años de cárcel. Durante el juicio, tanto Portu como Sarasola se negaron a declarar y alegaron haber recibido torturas.
Concretamente, los dos etarras aseguraron haber recibido patadas y golpes e, incluso, haber sido encañonados con un arma. Ambos fueron reconocidos por médicos forenses, que constataron lesiones, por lo que debieron pasar varios días bajo atención médica.
Tras la denuncia de Portu y Sarasola, la Audiencia de Guipuzkoa se hizo cargo de la investigación y condenó, finalmente, a cuatro de los 15 guardias civiles denunciados. Un años después, esos agentes fueron absueltos por el Tribunal Supremo, que encontró “inexactitudes relevantes” en las declaraciones de los dos etarras.
El caso fue recurrido por la defensa ante el Tribunal de Derechos Humanos, que ha dictaminado que sí hubo malos tratos hacia los detenidos. El fallo determina que el Estado español es responsable de lo ocurrido, ya que las lesiones se produjeron cuando Portu y Sarasola estaban bajo custodia.
Por todo ello, el Tribunal de Estrasburgo ha dictaminado que Igor Portu sea indemnizado con 30 euros, y que Martín Sarasola reciba 20. El fallo y la condena han sido acordados por cuatro de los siete jueces del Tribunal. Los otros tres magistrados consideran que las cuantías son “insuficientes” y que sí hubo torturas.