El Gobierno de España ha adoptado medidas urgentes para mitigar los efectos de la guerra en Ucrania, apoyar a los colectivos más vulnerables y a los sectores productivos más afectados, garantizar los suministros y bajar los precios de los combustibles y la electricidad.
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Rueda de prensa de las VP y ministras de @_minecogob, @mitecogob y @empleogob, para explicar el Plan de choque contra el impacto de la guerra y otros asuntos aprobados hoy en el #CMin.#EspañaResponde https://t.co/s7mghpcqD6
— La Moncloa (@desdelamoncloa) March 29, 2022
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que la situación es grave y que el Gobierno está actuando en consecuencia, "con responsabilidad y empatía" y ofreciendo una respuesta coordinada a nivel europeo "basada en la unidad, la determinación y la solidaridad".
El Plan prevé movilizar 16 millones de euros de recursos públicos, 6 millones de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10 a través de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO.
Los ocho objetivos concretos para "repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y de creación de empleo iniciada ya en 2021", ha resumido Calviño, son bajar el precio del gas, la electricidad y los carburantes ayudando en particular a los colectivos más vulnerables; apoyar a los sectores y a las empresas más afectados y particularmente a pymes y a autónomos; reforzar la estabilidad de precios; garantizar los suministros; proteger la estabilidad financiera; acelerar el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; impulsar la eficiencia energética y reforzar la ciberseguridad.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha insistido en que las medidas aprobadas protegen a las familias, a los trabajadores y trabajadoras y al tejido productivo y permitirán, como sucedió durante la pandemia, "salir juntos" de esta crisis provocada por la guerra.
Díaz ha abogado por el mantenimiento del empleo y ha recordado a los empresarios que el despido es innecesario porque pueden acogerse al mecanismo de los ERTES, a través de los que se destinan recursos públicos para costear salarios y cotizaciones sociales: "En las crisis, cuando hay mecanismos de protección social, como es el caso de nuestro país, no hay que despedir", ha dicho.
La ministra ha explicado que se ha incorporado como novedad que cualquier despido que se produzca por causas relacionadas con el incremento de los precios de la energía se considere injustificado.
Nadia Calviño ha enumerado algunos de los sectores más afectados que recibirán ayudas directas. Habrá 362 millones de euros para agricultura y ganadería; 68 millones de euros para el sector pesquero; más de 500 millones de euros en ayudas a los grandes consumidores de electricidad y 125 millones de euros para la industria de gas intensiva.
Respecto a las medidas destinadas a garantizar la liquidez de las empresas y los autónomos, Calviño ha explicado que los avales por 10 millones de euros que gestionará el ICO podrán concederse hasta el 31 de diciembre de 2022 y tendrán un periodo de carencia de 12 meses.
El sector del transporte será el principal beneficiario de la bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible y las empresas de transporte de mercancías y pasajeros recibirán además 450 millones de euros en ayudas directas.
Otras medidas son la reducción a un mes el plazo de devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos y una bonificación adicional del 80% a la tasa del buque y la tasa de mercancía en líneas marítimas de conexión entre la Península y los puertos extrapeninsulares pertenecientes al Sistema Portuario de titularidad estatal.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha mantenido que el Gobierno quiere reducir o contener los precios de la energía para evitar que se produzca un espiral inflacionista, asegurar el suministro y la autonomía energética, con el fin de sortear la volatilidad de los mercados internacionales, así como acelerar la transición energética.
La dimensión del impacto de la energía va más allá de los colectivos más vulnerables, por lo que las disposiciones adaptadas hoy "están pensadas también para las clases medias, los trabajadores, las pymes y los autónomos", ha afirmado Ribera.