La Comisión Europea someterá a examen, por primera vez desde que se creó la Unión Europea (UE), la calidad del Estado de Derecho de los socios de la misma. Para ello, se ha elaborado un informe de cada uno de los 27 miembros europeos y, en el caso de España, Bruselas insta a los partidos políticos a renovar, "con carácter de urgencia", el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, pone el foco en otro punto en el que se ha apoyado la oposición y, especialmente, el PP para atacar al Gobierno: la Fiscalía y la designación de la exministra de Justicia Dolores Delgado como Fiscal General del Estado.
El texto, al que ha tenido acceso Columna Cero, asegura que España “afronta desafíos en lo relativo a su eficiencia, con una creciente duración de los procesos judiciales” porque "la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es otro reto, en particular porque todavía no se ha procedido al nombramiento de sus nuevos miembros”. Para la Comisión, es una "anomalía institucional" que un gobierno caduco siga nombrando jueces, una acción que podría desacreditar al órgano. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró el passado lunes en este sentido que el CGPJ está "en descomposición porque hace dos años que tuvo que ser renovado".
Además, Bruselas pone el foco en que la designación de Delgado como máxima representante de la Fiscalía del Estado puede "afectar a la percepción de independencia" de la Justicia por "la coincidencia del periodo de mandato" del Gobierno y la Fiscalía. Además, insta al Gobierno a tener una mayor transparencia en las relaciones entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía.
La Comisión Europea también pone la corrupción como uno de los pilares que pueden agravar el Estado de Derecho en España. La libertad de prensa, protegida por la ley, podría verse agravada por “los obstáculos al acceso efectivo a la información, como la denegación selectiva de la acreditación de medios por parte de un partido político” o incluso defiende la pena de prisión severa como "una de las sanciones previstas por grave difamación contra algunos miembros de la familia real”.
La elaboración de estos informes es idea del ahora comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, que los propuso en 2016. En esta fecha, Polonia estaba llevando a cabo reformas legislativas controvertidas para la sociedad. La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, informó sobre este informe en el Consejo de Ministros del pasado martes.