El rey Felipe VI ha presidido este lunes el inicio del año judicial, un nuevo comienzo ensombrecido por las restricciones de la Covid-19. El protocolo habitual que se sigue en cada acto de este calibre ha visto cómo se sumaban las restricciones sanitarias: toma de temperatura, mascarillas y un formulario en el que aseguran no presentar síntomas del coronavirus.
Audiencia del Rey a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para entregar la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado. https://t.co/KYuZa8N0rp pic.twitter.com/JbTaxDKD8g
— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 4, 2020
El acto se ha celebrado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo con la asistencia de autoridades judiciales y civiles invitadas. El aforo se ha reducido al 30% y no ha habido el tradicional cóctel posterior al inicio ddel curso judicial, por lo que tampoco se han visto los "corrillos" entre las autoridades y los periodistas, 20 acreditados este año.
Por lo demás, no ha habido muchos cambios. El rey Felipe VI ha iniciado la ceremonia a mediodía. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado; y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, han pronunciado un discurso como máximos representantes judiciales junto al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Las negociaciones para renovar el CGPJ llevan bloqueadas dos años por el desacuerdo entre el PSOE y el PP. Ambos han mantenido un contacto estrecho hasta el pasado mes de agosto. Desde Génova 13 han puesto, además, otra línea roja: no se dan las "circunstancias adecuadas" para renovar el órgano del gobierno de los jueces porque "Podemos está en el Gobierno".
La parálisis en la Justicia marcan el inicio de un nuevo curso judicial marcado por el coronavirus y por otros temas de relevancia política. La marcha de Don Juan Carlos de España "en estos momentos" en los que la fiscalía suiza y española están investigando las presuntas cuentas fraudulentas del rey emérito o los presuntos casos de corrupción de miembros de Unidas Podemos quedan relegados a un segundo plano.
Sobre la mesa judicial también están las querellas y denuncias presentadas por diferentes organizaciones contra el Gobierno por la gestión de la crisis sanitaria durante el estado de alarma -que el Defensor del Pueblo ha determinado que cumplió con la Constitución-, además del incierto futuro del por ahora presidente de Cataluña, Quim Torra, cuando el Supremo revise su condena. El líder autonómico se enfrenta a dos años de inhabilitación por negarse a retirar una pancarta a favor de los políticos presos del procés catalán en edificios públicos durante la campaña de las elecciones generales del 28 de abril y del 10 de noviembre de 2019.