La decisión del rey emérito Don Juan Carlos de abandonar, “en estos momentos”, España ha desatado la tormenta política perfecta en el peor momento posible. La pandemia del coronavirus parece que ha quedado relegada a un segundo plano en cuestión de una semana con todos los escándalos que envuelven al que Rey de España entre 1978 y 2014, abriendo viejas heridas y poniendo en cuestión a la Casa Real como mejor fórmula para configurar la Jefatura del Estado.
Lo cierto es que no salen los números si quiera para “abrir el melón”. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, uno de los políticos más críticos con la decisión del padre de Felipe VI, reconoció el pasado lunes que no salen los números para que España sea una república. Sin embargo, sí planteó un horizonte republicano a corto plazo por “las nuevas generaciones que vienen”. La postura del líder morado choca por entero con la de su socio de investidura, el PSOE. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, mandó el pasado jueves una carta a la militancia en la que animaba a los votantes a defender “el pacto del 78” por entero, incluida la Monarquía.
La sociedad está puesta en pie con dos posturas bien diferenciadas. En gran medida, esta situación es golpeada en uno y otro sentido por políticos de uno u otro color político. En la XIV legislatura, con la configuración de las Cortes, es inviable que se plantee el debate sobre el papel de Felipe VI, que debería darse por procedimiento agravado.
El artículo 168 de la Constitución dice lo siguiente:
1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Titulo preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.
Es decir: el debate se dilataría a lo largo de varios meses, incluso años, en torno a la Jefatura del Estado. Es cierto que en algún momento se deberá debatir sobre cómo la configuración de España a nivel territorial y político, pero el mismo debería darse en un momento de estabilidad económica y social que, en estos momentos, no se da ni por entero en España a raíz de la crisis del coronavirus.