Dentro de unas décadas, puede que este momento que vive España sea considerado como uno de los más delicados de la historia de la democacia reciente. La decisión de Don Juan Carlos de marcharse, "en estos momentos", de España para no entorpecer el ejercicio de la Jefatura del Estado y mantenerse al margen de la institución que encabezó durante casi 40 años, ha abierto aún más la brecha entre los monárquicos y los republicanos y, por ende, en una sociedad dividida. Una institución, la Monarquía, que está muy tocada en gran parte por los escándalos que él ha protagonizado durante los últimos 10 años.
El rey Juan Carlos ha provocado una crisis institucional sin parangón que se suma a la crisis política -con un Parlamento muy fraccionado, con posturas muy enconadas y enfrentadas entre las dos bancadas del Hemiciclo- y con la pandemia del coronavirus de fondo, que está dejando rebrotes por todo el país. La situación epidemiológica y la división política se han visto eclipsadas en las últimas horas la última decisión del exjefe de Estado, enfrentando incluso a los miembros del Gobierno. El Palacio de La Moncloa mostró respeto por la decisión del padre del Rey y alabó la "ejemplaridad" de Don Felipe, a lo que se sumó el PSOE y la valoración que hizo sobre "el trabajo" que realiza en la actualidad. Enfrente, Podemos: el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, tachó de "actitud indigna" la decisión de Don Juan Carlos y aseguró que los cargos públicos deben velar por "la ejemplaridad y la limpieza de las instituciones".
Un gobierno democrático no puede mirar hacia otro lado ni mucho menos justificar o saludar comportamientos que socavan la dignidad de una institución clave como es la Jefatura del Estado y que son un fraude a la Justicia.
— Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) August 3, 2020
Lo cierto es que, a corto plazo, nada parece que cambiará en la Jefatura del Estado. En la última sesión de control al Gobierno, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró que no se celebrará un referéndum y que el papel de Felipe VI "no está en cuestión".
Para abrir "el melón" de la modificación del Título II de la Constitución, el que establece las condiciones de la Casa Real, se necesitan dos tercios del Congreso de los Diputados y el Senado para plantear si quiera el debate de la Monarquía. Si se aprobara la modificación de este título, se tendrían que convocar elecciones generales para que las Cortes que emanaran de ese nuevo sufragio que redactaran una alternativa a la monarquía parlamentaria como modelo de Estado. Por último, este texto sería sometido a referéndum, que tendría que contar con el apoyo de la ciudadanía.
Por lo tanto, todo apunta a que este debate no se dará al menos en los próximos años. La fraagmentación política se disolvería mínimamente ccon un acuerdo entre el PSOE, PP y Vox para apoyar a Felipe VI y rechazar el debate sobre su papel. Además, la actualidad prima y todos aquellos que, en su legítimo ejercicio de la libertad de expresión y de defensa de sus propias ideas, debieran reflexionar acerca de lo que prima en un momento en el que España se asoma a una crisis económica y social que no necesita, al menos por el momento, un nuevo problema: la división social en torno al debate de la configuración de España como una monarquía parlamentaria u otras vías alternativas.