La mayoría de los imputados son militares de alto rango , sospechosos de haber dirigido la asonada desde la base aérea de Akinci, en el noroeste de la capital, y desde donde se habrían enviado las órdenes para bombardear el Parlamento turco y otros edificios estatales la noche del golpe.
Casi la totalidad de los 486 sospechosos se encuentran en prisión preventiva, mientras que 18 permanecen en libertad condicional a la espera de juicio y 7 son prófugos.
Entre los que serán juzgados en rebeldía destaca el predicador islamista Fetulá Gulen, exiliado en Estados Unidos y a quien Ankara acusa de haber ideado el golpe de Estado. Gulen niega las acusaciones.
A los acusados les imputan ” violación de la Constitución, intento de asesinato del Presidente, intento de abolir el Gobierno, coordinación de una organización terrorista armada, incautación de bases militares, homicidio, intento de homicidio y privación de libertad”. La Fiscalía pide 330 cadenas perpetuas para los 45 supuestos líderes.
Los sospechosos han llegado al Tribunal de Sincan, construido expresamente para los juicios por el golpe fallido, escoltados por agentes de la Gendarmería y entre férreas medidas de seguridad. Unas 50 personas, la mayoría familiares de los 248 ciudadanos que murieron en enfrentamientos la noche de los hechos, han pedido a gritos la pena de muerte para estos acusados, un castigo que el Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se plantea recuperar.
Según el Gobierno turco, al menos 77 de las 248 víctimas mortales de la intentona golpista, son responsabilidad de los acusados en este proceso.
Se espera que las vistas del juicio se prolonguen hasta el 29 de agosto. En casi un mes, unas 400 organizaciones y militantes de partidos parlamentarios prestarán testimonio, entre ellos destaca el propio Erdogan y el jefe del Estado Mayor, Hulusi Akar.