Los indígenas han comenzado a avanzar desde la Casa de la Cultura, ubicada en el parque El Arbolito, donde han instalado su cuartel general. La mayoría están en Quito desde principios de esta semana pero en las últimas horas han llegado más manifestantes procedentes de la Amazonía ecuatoriana.
Su intención es avanzar hacia el centro histórico, zona protegida por el estado de excepción que rige desde hace una semana en Ecuador. El objetivo es llegar hasta el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno.
El Gobierno a través de la Secretaría General de Comunicación, ha rechazado "de manera rotunda" los "actos de violencia que ponen en peligro la integridad de ciudadanos y miembros de la Fuerza Pública, así como los actos que generan daño a la infraestructura de Quito".
Crisis política en Ecuador
El origen de las protestas es la reforma anunciada por Moreno el pasado 1 de octubre, fruto del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para conseguir una inyección de 4.200 millones de dólares para el país.
Los disturbios estallaron dos días después con enfrentamientos entre policías y militares y saqueos, lo que llevó a Lenín Moreno a declarar el estado de excepción, que en un principio debía estar vigente 60 días, pero el Tribunal Constitucional lo redujo a 30.
Moreno ha ofrecido diálogo, aclarando que no recuperará el subsidio al combustible, la medida más polémica del conocido popularmente como "paquetazo", y Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal se han ofrecido a mediar.
Los manifestantes, por su parte, exigen como requisito para sentarse a la mesa de negociaciones que el Gobierno recupere las ayudas públicas a la gasolina y al diesel, a lo que ahora suman otras demandas que incluyen la cancelación del acuerdo con el FMI y el cese de los Ministros de Interior y Defensa.
Durante las protestas al menos cinco personas han muerto aunque Gobierno, indígenas y Defensoría del Pueblo, difieren en este dato; decenas han resultado heridas y cientos han sido detenidas, incluidos varios extranjeros, muchos de ellos venezolanos.
Moreno ha acusado directamente a su antecesor y otrora aliado, Rafael Correa, y a sus socios, incluido el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de orquestar las protestas en un "Golpe de Estado". Ambos lo han negado.