Hasta que esta transferencia no se produzca, ha pedido al Gobierno central que garantice un sistema público de pensiones ” suficiente y sostenible, basado en el derecho a unas pensiones dignas”.
Urkullu ha recordado que las pensiones no son competencia del Gobierno Vasco y que su “responsabilidad” es garantizar a todos los ciudadanos un sistema de bienestar, entre los que se encuentran los pensionistas. “En Euskadi es una prioridad garantizar una vida digna a quienes mayores urgencias tienen”, ha insistido.
En este sentido, ha pedido a EH Bildu que no confundan a los pensionistas con lo que es el ámbito competencial de las pensiones en la Comunidad Autónoma Vasca con el Sistema Vasco de Protección Social.
Según ha explicado, el Gobierno Vasco garantiza la RGI también para personas jubiladas cuyos ingresos no alcancen el mínimo establecido en la normativa actual; y ha recordado que cuenta con otras ayudas como la Prestación Complementaria de Vivienda, las ayudas al copago farmacéutico o las Ayudas de Emergencia Social.
“El Gobierno Vasco actúa con rigor y garantiza seguir complementando las pensiones más bajas conforme a lo regulado en la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social”, ha indicado.
Urkullu ha informado que una de cada cuatro personas que reciben la RGI es pensionistas y recibe un complemento económico, al que el Gobierno Vasco destina 46 millones de €.
El Lehendakari ha defendido la actualización de las pensiones en base al IPC y ha recordado que su ejecutivo “comparte” el objetivo de la Carta Social Europea, que recomienda una pensión mínima de 1.080€.
Además, ha vuelto a demandar la competencia de la gestión de la Seguridad Social contemplada en el Estatuto, ya que ” su gestión desde la cercanía, redundará en unas pensiones dignas, presentes y futuras”.
Hasta que esta transferencia no se produzca, ha reiterado la decisión adoptada por el Parlamento Vasco, este pasado jueves, con el que insta al Gobierno central a garantizar un sistema público de pensiones ” suficiente y sostenible, basado en el derecho a unas pensiones dignas, en un marco de solidaridad y transparencia, sostenido por fuentes de financiación ciertas”.