El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha considerado necesario “garantizar la solvencia y sostenibilidad del sistema público de pensiones, así como la suficiencia económica de los actuales pensionistas y de los futuros”.
Así consta en el Informe Anual de 2017 que se ha hecho público, y que el propio Fernández Marugán ha entregado en persona a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.
El Defensor del Pueblo advierte de que la progresiva superación de los efectos más graves de la crisis económica, no ha supuesto una mejora de la situación financiera del sistema de seguridad social. “A pesar del notable ritmo de crecimiento económico de los últimos tres años y a la vigorosa creación de empleo y recuperación del número de cotizantes, el desequilibrio de las cuentas del sistema se ha ido agrandando hasta situarse en 18.800 millones de euros en 2017”, apuntan desde la institución.
LA CRISIS, ENORME COSTE SOCIAL
Fernández Marugán ha alertado de que “la crisis ha originado un enorme coste social y nos ha separado de la senda convergente con la Unión Europea sostenida desde los inicios de la democracia”.
“RECUPERACIÓN” DESIGUAL
En esta línea, el defensor ha alertado de que las quejas que llegan a la institución muestran que, a pesar de que la recesión puede darse por finalizada, la recuperación no está llegando por igual a los bolsillos de los españoles y son muchos los ciudadanos que necesitan que el Estado les apoye.
CLAVE, LAS POLÍTICAS SOCIALES
También ha advertido de que la mejora de las políticas sociales “incidiría en la renta y en el consumo de colectivos que todavía no alcanzan a cubrir con dignidad sus necesidades básicas”.
Como ejemplo ha citado “a los jubilados, a las personas dependientes, a los parados de larga duración, a las familias con todos sus miembros en paro, a los jóvenes sin trabajo y sin derecho a prestación por desempleo y a los trabajadores pobres”.
POLÍTICAS DE AUSTERIDAD, POZO DE DESIGUALDAD SIN PRECEDENTES
En opinión del Defensor del Pueblo las políticas de austeridad aplicadas durante la crisis han originado “un pozo de desigualdad sin precedentes y han dañado al entramado institucional y a la cohesión social”. Por ello, a la institución le preocupa especialmente que el mantenimiento de dichas políticas aumente la pobreza más severa y enquiste la desigualdad.
El Defensor advierte que es un error suponer que cuando se sale de la crisis se reduce por sí sola la desigualdad, y asegura que esta lacra solo podrá corregirse si se lleva a cabo una política activa y decidida de redistribución de la renta.