El expresidente de ANC y número dos de Juntos por Cataluña, Jordi Sánchez, ha solicitado ser puesto en libertad o recibir un permiso especial, con el fin de poder acudir al pleno de investidura en el Parlamento catalán, previsto para el próximo 12 de marzo.
Sánchez ha hecho esta petición por escrito y a través de su abogado. En el texto, que ha sido remitido al juez Pablo Llarena y al Tribunal Constitucional, Sánchez argumenta que no dejarle acudir al pleno vulneraría sus derechos y, también, los de la ciudadanía catalana, ya que sería un impedimento para que el Parlamento pudiese desarrollar su labor.
Jordi Sánchez ha realizado esta solicitud después de que el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, haya decidido presentarlo como candidato a la presidencia de la Generalitat tras reunirse con diversos grupos políticos.
El ahora candidato se encuentra en prisión provisional sin fianza y de forma cautelar. Está acusado de un delito de sedición, al considerarse que alentó a las masas a rebelarse de forma violenta contra los agentes que intentaron impedir el referéndum del 1-O.
Sin embargo, Sánchez, se muestra más comedido ahora. En su solicitud de libertad asegura, de hecho, estar dispuesto a acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional, aunque no las comparta. Sánchez argumenta, además, que su intención es actuar de forma pacífica y recuerda que es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
El caso de Jordi Sánchez apenas tiene precedentes en España. Es más, hay que viajar 31 años atrás para encontrar un hecho similar. Ocurrió en 1987, cuando el juez dio permiso al etarra Juan Carlos Yoldi, entonces en prisión preventiva, para asistir al Parlamento vasco como candidato a lehendakari. Un puesto que, finalmente, no ocupó, al no obtener el voto favorable de la cámara.