El Congreso de los Diputados ha decidido por unanimidad llevar a cabo una proposición legislativa del Partido Popular para modificar la Ley de Jurisdicción Voluntaria y poder reducir así los requisitos que necesitan el colectivo de ciegos y sordos para poder casarse.
La mayoría de los grupos han optado por apoyar esta iniciativa parlamentaria en el debate que ha tenido lugar esta mañana, jueves 2 de febrero, en el Pleno de la Cámara Baja. Aunque también han reprochado al PP sus “abusos de la mayoría absoluta” al reformar esa ley en 2015. Una reforma que implicó cambios en el artículo 56 del Código Civil requiriendo un dictamen médico a este colectivo para poder casarse.
Ignacio Tremiño, diputado del PP, defendió esta iniciativa y asegura acabar así con una discriminación histórica con la que el partido ha intentado lidiar mediante el compromiso con las personas discapacitadas. Señala que el Partido Popular fue el primero en dar puesto de responsabilidad a estas personas.
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El portavoz del PSOE, Joan Ruiz, y el de Ciudadanos, Marcial Gómez, coinciden en la interpretación de la iniciativa legislativa como una “rectificación”.
El portavoz Jaume Moya, de Unidos Podemos, data esta iniciativa como una “auténtica chapuza” y ha pedido que se incluya el lenguaje de signos en la Constitución.
Este articulo determina que si alguno de los contrayentes está afectado por “deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales”, se exigirá mediante el secretario judicial, notario, encargado de Registro Civil o funcionario que tramite el acta, un dictamen médico sobre su actitud para prestar el consentimiento.
La nueva redacción propuesta por el PP aclara que «solo en el caso excepcional» de que alguno de los contrayentes tenga «una condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial» se recabará dictámen médico «sobre su aptitud para prestar el consentimiento».
Otras formaciones, como PDeCAT o ERC, piden que las personas con discapacidad sensorial no necesiten la presencia de testigos para poder otorgar testamentos o cualquier escritura pública ante notario, pudiendo así preservar su intimidad.
La tramitación parlamentaria se inicia ahora debido a que la reforma del Código Penal de julio de 2015 entrará en vigor el próximo mes de junio.