La Guardia Civil reclama que se realice una auditoría de las cuentas de la Generalitat de Cataluña, por la gran dificultad que están teniendo para averiguar las cantidades exactas con las que se financió el referéndum ilegal de independencia del pasado 1 de octubre.
Así lo han hecho constar en uno de los últimos informes entregados en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, donde dejan constancia de la “opacidad” de la administración catalana, que no ha respondido al requerimiento judicial en el que se les pedía la información de las partidas destinadas a ese fin.
La Guardia Civil recomienda que esta auditoría sea llevada a cabo por “un organismo con capacidad efectiva para esa tarea” y propone que lo haga la Intervención General del Estado o el Tribunal de Cuentas.
En el citado informe, fechado el pasado 20 de noviembre, los agentes dejan claro su convencimiento de que “se ha empleado dinero público” en el 1-O, pero sólo han logrado determinar una parte de lo que gastó el gobierno de Carles Puigdemont. Se trata del coste de las campañas publicitarias para llevar a cabo el referéndum ilegal, cuyas facturas sumaron 502.639,61 euros. Un gasto cuya autorización atribuyen al Consejero de Presidencia, Jordi Turull.
SE DESCONOCE SI 2,3 MILLONES SIGUEN EN LAS ARCAS DE LA GENERALITAT
También han podido averiguar que la partida total que había previsto la Generalitat catalana para las campañas publicitarias del referéndum ascendía a 2,7 millones de euros mas IVA. Aunque adjudicó contratos por valor de 2.299.200,20 euros más 47 euros de IVA. Sin embargo, las empresas adjudicatarias de esas campañas renunciaron a llevarlas a cabo.
La Guardia Civil ha logrado estos datos tras interrogar tanto a los intervinientes en la adjudicación como a los adjudicatarios. Pero, a pesar de que Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención al Ciudadana, ha asegurado que ese dinero debe seguir en las arcas de la Generalitat, los agentes desconocen “la certeza de esa afirmación”.
“OPACIDAD” POR TEMOR A LAS CONSECUENCIAS, TRAS LAS FIANZAS DEL 9N
La Benemérita cree que la “opacidad” de la Generalitat para “reconocer qué cantidades públicas efectivas se han destinado a ese referéndum” puede estar “fundada para no tener que afrontar las posibles consecuencias”.
Y ponen como ejemplo de éstas, las que ha tenido la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, por la que el Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza de 5,2 millones de euros al expresidente Artur Mas y los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs. Estos cuatro exdirigentes no han podido completar la caución y el Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo de sus bienes.