Transparencia Internacional España (TI-España), ha planteado una batería de veinte medidas para luchar contra la corrupción, con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebrará este sábado 9 de diciembre.
En un comunicado, esta organización no gubernamental ha llamado a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios a ponerse “a la altura de los ciudadanos” y a alcanzar “un pacto integral y efectivo” contra la corrupción. De esta manera, ha instado a adquirir veinte medidas “urgentes” en esta materia entre las que destacan: la promoción de una “despolitización” de los órganos constitucionales, la reducción del número de aforados o la prohibición de conceder indultos a personas condenadas por corrupción.
TI-España considera también que debe reducirse “el clientelismo político”, incluir en el código penal el delito por “enriquecimiento ilícito” y desarrollar un régimen específico de infracciones y sanciones en la Ley de Transparencia. Además, ha propuesto la aprobación de un reglamento de esta última ley, “todavía pendiente” desde que se publicase hace cuatro años.
PROTECCIÓN A LOS DENUNCIANTES
Por otro lado, estima necesario que los ciudadanos se sientan “protegidos legalmente” con la redacción de una ley de protección a los denunciantes; regular los ‘lobbies’; que haya más transparencia en las formaciones políticas; que se cumpla con la publicación en la plataforma de contratación del sector público; o que se elimine el sistema de libre designación de los secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local.
LA EDUCACIÓN, “SOLUCIÓN MÁS EFECTIVA”
“Los partidos políticos y grupos parlamentarios han de entender, y trabajar en aras de ello, que la solución más efectiva a medio y largo plazo es prevenir la corrupción a través de la educación de los ciudadanos”, mantiene TI-España, y añade que las empresas públicas deben cumplir “unas pautas de transparencia, integridad y rendición de cuentas” a la ciudadanía.
TRANSPARENCIA EN LA JUSTICIA
Por último, enumera siete medidas para “aumentar la independencia” de la Fiscalía General del Estado: aprobar un código de ética de la Fiscalía; acabar con su “dependencia financiera” respecto al Ejecutivo; afrontar la “lentitud” de la Justicia; que se dé una mayor transparencia en el nombramiento de los fiscales; reformar jurídicamente la carrera fiscal; transparencia en los planes de actuación de los fiscales; y autonomía en la dotación de nuevas plazas.