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Aragonès no quita el apoyo al Gobierno pero exige explicaciones del espionaje de “Pegasus”

El presidente de Cataluña, Pere Aragonès, en el Congreso de los Diputados con grupos parlamentarios espiados por "Pegasus" | ERC

Esquerra Republicana registra en el Congreso y en el Senado la creación de una Comisión de Investigación para el espionaje a líderes políticos independentistas. Los objetivos de la comisión pasan por «conocer al detalle» la implicación en esta red de espionaje y la responsabilidad de los ministerios de Defensa, Interior, Vicepresidencia y Justicia

Los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana en el Congreso y en el Senado han registrado este miércoles sendas peticiones de creación de comisiones de investigación a raíz del escándalo por el espionaje a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y personas cercanas a través de los programas Pegasus y Candiru. Según la investigación internacional hecha pública ayer por los laboratorios Citizen Lab y Amnesty International Security Lab, al menos 65 personas del movimiento independentista catalán y vasco han sido espiadas a través de sus teléfonos móviles desde 2017 hasta, al menos, en el 2020.

En el caso de Esquerra Republicana, el espionaje ha afectado al actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; el expresidente del Parlament y actual consejero de Empresa, Roger Torrent; la secretaria general, Marta Rovira; la eurodiputada Diana Riba o el diputado en el Parlament Josep Maria Jové, entre otros.

La petición de la comisión de investigación en el Congreso se ha registrado conjuntamente con el resto de fuerzas independentistas que han sido también espiadas -JuntsxCat, la CUP y EH Bildu-, y se han añadido el PDeCAT, Unidas Podemos-ECP, BNG, PNV, Compromiso y Más País. En el caso del Senado también han firmado Adelante Andalucia, Més por Mallorca y Geroa Bai.

En el texto los firmantes consideran que con ese espionaje sistemático por parte del Estado han quedado vulnerados "derechos fundamentales como el respeto y protección individual a la intimidad y la privacidad". A través de la intervención de los teléfonos, la trama de espionaje ha podido acceder a la "monitorización y extracción de datos de la mensajería instantánea, geolocalización, capturas de pantalla, escucha de llamadas e incluso activación remota de cámara y micrófono".

Teniendo en cuenta que la compañía fabricante del software, la israelí NSO, afirma que Pegasus sólo se vende a fuerzas del orden y agencias de inteligencia gubernamentales, "la responsabilidad apunta directamente al gobierno español", que es a quien las fuerzas políticas firmantes de la propuesta reclaman "explicaciones y responsabilidades".

Este nuevo escándalo llega cuando todavía no se ha dado ninguna respuesta a las conclusiones de la comisión de investigación creada en el Congreso sobre las cloacas del Estado, muy vinculadas también al seguimiento y represión al proceso independentista catalán, ni se ha fijado control alguno para evitar «prácticas ilegales que amenazan a todo el sistema democrático, vulneran derechos fundamentales e introducen una total y absoluta desprotección e inseguridad jurídica».

Los objetivos de la comisión, con un calendario inicial de trabajo de seis meses, pasan entre otros por «conocer al por menor» la implicación de las instituciones del Estado en esta red de espionaje, la responsabilidad y el mal uso de estas herramientas por parte de los ministerios de Defensa, Interior, Vicepresidencia y Justicia e investigar todas las iniciativas que se han llevado a cabo desde las instituciones del Estado, desde el poder que sea, «a fin y efecto de perseguir la disidencia política».

Hoy, jueves 21 de abril, el presidente Pere Aragonès se ha reunido en el Congreso con los grupos parlamentarios que han sido víctimas del espionaje. "Llegaremos hasta el final. Por la libertad y la democracia", ha dicho Aragonés en una rueda de prensa posterior a la reunión.

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