El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha reivindicado este lunes, durante su intervención en el acto de apertura del Año Judicial 2021/2022 que el rey ha presidido este lunes en la sede del alto tribunal, la independencia judicial como garantía de la democracia.
Lesmes ha considerado que esta reivindicación de la independencia judicial -a la que se ha referido no como un privilegio de los jueces, sino sobre todo como una garantía de los ciudadanos- es hoy más necesaria que nunca por cuanto la labor de la Justicia se pone en ocasiones en entredicho, especialmente desde algunas instancias políticas, “cuando las decisiones judiciales se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o, simplemente, no son de su agrado”.
El presidente del TS y del CGPJ ha puesto como ejemplo lo ocurrido cuando, con ocasión del indulto concedido a los condenados en la causa del ‘procés’, se llegó a contraponer, para explicar la medida, la concordia frente al resentimiento, “como si la acción de la Justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas”.
“Nada más alejado de la realidad. La función de los jueces y magistrados, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, con independencia absoluta de influencias externas o internas, políticas o de cualquier otra índole, no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes, leyes que han sido democráticamente aprobadas y que, por tanto, expresan la voluntad de la mayoría”, ha dicho Lesmes.
El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha añadido que la justicia “no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos” y ha reivindicado la labor de los jueces españoles y muy especialmente del Tribunal Supremo en defensa del orden constitucional y de la democracia.
“Y esta obligación es extensible a las fuerzas políticas allí representadas, sin que un deber que dimana de la propia Constitución pueda subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política, cualesquiera que estas sean, pues no hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento”, ha agregado.
Tras recordar que ha instado hasta en seis ocasiones a los presidentes del Congreso y del Senado a cumplir con su deber constitucional -reclamación que también ha sido hecha por el Pleno del Consejo otras tres veces durante el último año- sin que ninguno de esos llamamientos haya surtido efecto, el presidente del órgano de gobierno de los jueces ha señalado que la situación se ha visto agravada por la reciente Ley Orgánica 4/2021, que impide al Consejo realizar nombramientos discrecionales mientras esté en funciones y que fue tramitada sin recabar la opinión de esta institución.
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ ha considerado que “unas y otras acciones” conducen inexorablemente al debilitamiento de la legítima función constitucional del Consejo como garante de la independencia judicial y que “urge, por tanto, y por el bien de todos, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación”.