El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra la Mesa del Parlamento Catalán. En esta querella, se acusa a los miembros de este organismo de cometer tres delitos: rebelión, sedición y malversación. Los mismos cargos que el Fiscal presenta contra Carles Puigdemont y todo su equipo. De ser declarados culpables, los querellados podrían pasar varios años en prisión, incluso décadas. Pero ¿en qué consisten los delitos de los que se los acusa?
El delito de rebelión está recogido en el Código Penal como el que cometen aquellas personas que se alzan “violenta y públicamente” para declarar la independencia de una parte del territorio de España, modificar la Constitución o despojar de sus facultades al Rey o al Gobierno. Este delito está penado con entre 15 y 25 años de cárcel, aunque la pena puede subir a 30 si se utilizan armas o se causan daños graves.
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Por su parte, el delito de sedición se aplica a todas aquellas personas que se alzan “pública y tumultuariamente” para impedir el cumplimiento de las leyes, fuera de la legalidad. Este delito se comete también cuando se impide a una autoridad realizar su trabajo. Quienes cometen sedición se enfrentan a una pena que va de los 10 a los 15 años de cárcel e inhabilitación.
El delito de malversación es, posiblemente, el más conocido de los tres. Se realiza cuando un funcionario o cargo público extrae dinero de las arcas públicas para fines personales y/o ilegítimos. Los miembros de la Generalitat habrían incurrido en este delito, por ejemplo, al utilizar dinero público para la campaña y celebración del referendum. Este delito está penado con una condena de 4 a 8 años de cárcel, aunque puede llegar hasta los 20, si el daño a la administración pública es muy grande.
¿Pueden librarse de la cárcel los miembros del Govern?
Aún falta saber cuál será la estrategia de defensa que sigan los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament. Lo que está claro es que, de ser declarados culpables, la mayoría de ellos lo tendrían muy complicado para evitar la prisión. Y es que la suma de todas las penas roza, en el mejor de los casos, los 30 años de prisión.
De esta forma, los principales líderes del proyecto independentista pasarían varios años entre rejas de ser declarados culpables. A esta pena se sumarían, además, multas millonarias e inhabilitaciones para ejercer cualquier cargo público.
Esta situación ha hecho que Carles Puigdemont y varios de sus consejeros se hayan trasladado a Bélgica. Allí, el expresidente de la Generalitat ha contratado los servicios de un abogado experto en derechos humanos, conocido por defender a varios etarras. Según algunos medios, la intención de Puigdemont es pedir asilo político al gobierno belga. Una petición que, de ser aceptada, marcaría un antes y un después en la relación de Bélgica con España y con el resto de la Unión Europea. Razón por la cual, el Gobierno belga ha adelantado su negativa a esta propuesta, aunque fue uno de sus ministros quien la sugirió. La polémica y la expectación están servidas.