La Fiscalía General del Estado prevé incluir a los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, en la querella por un delito de rebelión, que está preparando en el caso de que estos parlamentarios acordaran llevar a votación en la sesión de este viernes, una declaración unilateral de independencia (DUI), han informado fuentes fiscales.
La querella que se está preparando por el Ministerio Público y que inicialmente se anunció que se presentaría contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podría incluir también al vicepresidente Oriol Junqueras, y al resto de miembros del gobierno autonómico por la labor que están realizando para llevar a cabo su proyecto secesionista.
La rebelión, castigada con hasta 30 años de prisión, se recoge en el artículo 472 del Código Penal e incluye varios supuestos de aplicación, entre ellos el ser responsable de esta conducta quien se alzare ”violenta y públicamente” para declarar la independencia de una parte del territorio nacional; derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución; o destituir o despojar de facultades al Rey, entre otros casos.
EL ÓRGANO QUE INVESTIGARÁ
El punto que la Fiscalía aún no ha confirmado oficialmente es el de la instancia al que se presentaría esta querella, que dependerá de la interpretación que se dé a la condición de aforado del presidente de la Generalitat y de los miembros de su Gobierno.
Según los artículos 57.2 y 70.2 del Estatuto de Cataluña corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidir sobre la inculpación, el procesamiento y el enjuiciamiento del presidente o de los consejeros, si bien ”fuera del territorio de Cataluña, la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.
DELITO DE REBELIÓN
También se contemplan como conductas que integran el delito de rebelión ”sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma”, así como ”usar o ejercer por sí o despojar” a estas instituciones o ”a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad.
Si Puigdemont o cualquier miembro del Govern es acusado por este delito, se puede enfrentar a una pena de hasta 25 años de prisión. Según el artículo 473 del Código Penal, las personas que han ”promovido” y ”sostengan” la rebelión serán castigados con la pena de entre 15 y 25 años de cárcel e inhabilitación por el mismo tiempo.
No obstante, la rebelión está penada con hasta 30 años en el caso de que se empleen armas, hubiera combates, ejercido de la violencia grave contra personas, causado destrozos en propiedades de titularidad pública o privada, ”exigido contribuciones o distraído los caudales públicos” o cortado las comunicaciones ”telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase”, ejercido la violencia grave contra personas.