El Gobierno de España está deseando que llegue el 5 de mayo para retomar una agenda legislativa que lleva semanas bloqueada a causa de las elecciones autonómicas que se celebrarán en la Comunidad de Madrid la jornada anterior. El clima de inestabilidad política parece que llegará a su fin tras los comicios madrileños, en los que se espera que Isabel Díaz Ayuso renueve su liderazgo al frente de la Puerta del Sol y, paralelamente, el propio Pablo Casado en su sillón de Génova 13, sede nacional del PP -por poco tiempo-. Desde el Palacio de La Moncloa esperan que, con un líder de la oposición reforzado, sea más fácil negociar y culminar con éxito la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), unas negociaciones que llevan bloqueando al órgano de gobierno de los jueces demasiados años ya.
El último plan para llevarlo a cabo pasaba porque el 6 de diciembre, día de la Constitución, los nuevos mandos del CGPJ hubiesen tomado posesión. Sin embargo, los tiras y aflojas por parte de los dos protagonistas de las negociaciones hizo volar los pocos puentes existentes por los aires.
Desde el Ejecutivo miran con cierto optimismo el nuevo escenario para que se produzca la negociación: con Pablo Iglesias en el escenario madrileño, las discrepancias puede ser que sean menores. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está centrada en consolidar su liderazgo en el Gobierno por parte de Unidas Podemos y cedería terreno para que el PSOE y el PP alcanzaran, al fin, un acuerdo. Frente a un perfil ofensivo del todavía secretario general morado para participar activamente de la composición del nuevo órgano de gobierno de los jueces, la moderación de Díaz. Eso sí: una moderación contenida y sostenida en el tiempo ya que la "número cuatro" del Gobierno velará por el estricto cumplimiento del acuerdo de coalición.
Gestos, no hechos
Hubo varios amagos por parte del Gobierno para renovar el consejo sin el apoyo del segundo partido más votado. En diciembre del año pasado, PSOE y Unidas Podemos presentaron una proposición de ley para limitar la capacidad de acción y de nombrar a nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La propuesta conjunta se precipitó para presionar al PP en la negociación y poder llevar la medida a discusión y aprobación antes del 15 de diciembre, fecha en la que se celebra el último pleno del año del órgano de gobierno de los jueces.
La proposición buscaba acelerar la negociación con el PP para que sean los de Génova 13 los que se posicionen y decidan el futuro sobre la renovación del CGPJ: o renovar conjuntamente dicho órgano o promover la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, paralizó durante la moción de censura que vivió en octubre para tender la mano al PP. El texto recoge que se pretende “limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato”. El registro de esta proposición se produjo con carácter de urgencia ante el bloqueo, una vez más, de las negociaciones.