El Gobierno de España ha remitido al Congreso de los Diputados un listado con 34.961 bienes inmatriculados de la Iglesia entre 1998 y 2015 que abre la vía a posibles reclamaciones sobre la titularidad de centenares de ellos. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha informado sobre la remisión del informe a la Cámara Baja como el PSOE lleva reclamando desde 2017 al Ejecutivo, en ese momento en manos de Mariano Rajoy, y que el Congreso pidió a través de una proposición no de ley en este mismo año. "Al Gobierno lo que le compete es dar una información transparente, rigurosa y veraz de un mandato que se le hizo al Consejo de Ministros de Rajoy y que el gobierno conservador no cumplió", subrayó la vicepresidenta primera.
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Rueda de prensa de la portavoz del Gobierno y ministra de @Haciendagob, María Jesús Montero, y la vicepresidenta de @M_Presidencia, Carmen Calvo, para informar sobre los acuerdos del #CMin. https://t.co/FpK1696ryX— La Moncloa (@desdelamoncloa) February 16, 2021
Según la Ley Hipotecaria de José María Aznar, de las 34.961 inmatriculaciones, 20.014 se refieren a templos de la Iglesia o a dependencias complementarias y 14.947 no se relaciones con estos usos, sino de terrenos, viviendas, solares o locales. 30.335 fueron inscritas como certificación eclesiástica tal y como recoge la ley hipotecaria. Estos están inmatriculados en dicha categoría "en virtud de certificación eclesiástica, lo que la modificación de la ley de 1996 permitía en la ley hipotecaria es lo que ha hecho posible que con la fe de la autoridad eclesiástica correspondiente se pudieran hacer estas inmatriculaciones realizadas durante tantos años al amparo de la legalidad vigente".
El informe determina que "de los informes recabados del Colegio Oficinal de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España a este respecto es debido entender que las fincas inmatriculadas a favor de la Iglesia Católica mediante el artículo 206 contaban con el necesario título material para llevarlo a cabo". "En consecuencia, no puede afirmarse que los bienes o derechos reales inscritos a favor de la Iglesia carecían de título material de adquisición", recoge el informe.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüelles, agradeció al Gobierno el informe realizado por el Consejo de Ministros ya que confirma que "la Iglesia ha seguido la legalidad en la realización de este criterio inmatriculador". "La Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo. Por eso, si alguien viniese con mejor derecho y que pudiera revisar la inmatriculación realizada, cada institución de la Iglesia que haya inmatriculado, está dispuesta a hacer esa revisión si el derecho lo permite y las exigencias de la legalidad nos pide", subrayó uno de los miembros de la dirección eclesiástica.
En el informe publicado por la CEE titulado "Inmatriculaciones de la Iglesia, ¿un privilegio?", la Iglesia en España asegura que "está formada por 40 instituciones, registradas legalmente, con capacidad de poseer bienes. Cada una de esas instituciones puede tener sus bienes para realizar la misión que se les ha confiado. Lo pueden hacer como cualquier otra institución, que concurren en el espacio público y trabajan en el tejido de la sociedad". Sin embargo, el Gobierno podría solicitar la expropiación de muchos territorios que no sirven para el ejercicio de la actividad religiosa.