El Gobierno de España afrontará en los próximos meses una situación clave para averiguar cuál es su propio futuro. La aprobación más que previsible de los Presupuestos Generales del Estado 2021 (PGE) y el inicio del plan de vacunación, que se espera que comience en enero, dará lugar a una situación mucho más delicada: la de la reforma, parcial o total, del propio Ejecutivo. El presidente, Pedro Sánchez, quiere atajar las últimas desavenencias entre la parte socialista y podemista del Consejo de Ministros, cuyo punto de inflexión han sido los últimos ataques y movimientos de los morados de cara a la aprobación de las cuentas.
No obstante, no se espera que Sánchez mueva ficha hasta haber cumplido estos dos objetivos con garantías. Por ende, desde la sede gubernamental trasladan un sentimiento de tranquilidad y piden paciencia porque la decisión está en el aire y reside en la cabeza del propio Sánchez. El propio presidente no sabe hasta qué punto alcanzaría dicha reforma.
El interés de la parte socialista del Gobierno es mantener alianzas por el centro. Quiere que en esa geometría variable del Congreso participe Ciudadanos, aislado por ERC y EH-Bildu con su "sí" a los PGE, además de otros partidos que se han apeado del acuerdo tras el acercamiento de estas fuerzas al Gobierno. Incluso pretende pactar con el PP las principales cuestiones del Estado. Podemos pretende mantener y fortalecer la mayoría de la investidura. Si no hubiera un cambio y reducción de las carteras, si habría un cambio de actitud y comunicación del Gobierno con sus respectivos partidos y entre las dos formaciones.
Se espera que el núcleo duro de Moncloa mantuviera su puesto. Por la parte del PSOE, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, seguirían con sus carteras; por la de Unidas Podemos, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias; y la ministra de Igualdad, Irene Montero, mantendrían su cargo. Sin embargo, todo cambiaría con una salida justificada: la del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, si se hiciera con la presidencia de la Agencia Espacial Europea (ESA, según sus siglas en inglés). Este sería el momento para dotar de estas competencias al ministro de Sanidad, Salvador Illa. En la picota también estaría el de Universidades, Manuel Castells, muy cuestionado por su escaso papel durante la pandemia.
No obstante, no hay nada decidido. Sánchez calibra a la perfección el calibre de esta decisión sin forzar aún más las costuras del primer gobierno de coalición de la democracia reciente. Un ejecutivo al que, si bien al principio se le daba una corta vida, ahora parece que mantendrá su alianza, al menos, dos años más, independientemente de la reforma gubernamental que estudia el círculo más cercano al presidente.