El PP defenderá la semana que viene su "plan B" jurídico al estado de alarma. El Grupo Parlamentario Popular ya tiene fecha para defender su alternativa a la situación excepcional en la que está sumida el país: el próximo martes 17 de noviembre. El PP defenderá su proposición de ley orgánica con el que obligará a todos los partidos políticos del Hemiciclo a retratarse, explicando si prefieren la excepcionalidad del estado de alarma o una vía jurídica "menos lesiva" para los derechos de los ciudadanos.
La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, entregará el texto de la proposición a todos los partidos políticos y aprovechará para tener un contacto directo con todos ellos para intentar recabar apoyos. El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido al Gobierno desde la desescalada, el pasado mayo, que se sentaran para consensuar una alternativa al estado de alarma que pudiera estar aprobada "en menos de dos meses".
En la proposición de ley -aprobada por la anterior portavoz popular en la Cámara Baja Cayetana Álvarez de Toledo– se recoge la necesidad de modificar la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública de 1986 y la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998. Génova 13 defiende los siguientes motivos para presentarla: el Ejecutivo recurrió a la "excepcionalidad máxima", confinando a los ciudadanos y recortando "sus derechos básicos, como los de libre circulación, reunión, libertad de establecimiento, libertad de culto y otros". El PP defiende que es el momento de abandonar esta situación de excepcionalidad para "preparar una respuesta jurídica que permita la protección conjunta de los derechos y libertades de los ciudadanos, sin menoscabo de que el Estado también se encargue de velar por su salud".
El escrito de los populares defiende que "es imprescindible dotarnos de un instrumento jurídico a la mayor brevedad, que permita, desde la seguridad jurídica, la normalidad institucional y la vigencia normativa, afrontar este tipo de situaciones sin que impliquen ni renuncias a los derechos constitucionales, ni negociaciones políticas que distorsionen el fin único en estas situaciones, que no es otro que la protección de la salud de los ciudadanos". Los de Casado apuestan por obligar a guardar cuarentena en aislamiento a los sospechosos de contagio, controlar entradas y salidas de zonas afectadas y limitar la libre circulación, todo ello sin estado de alarma de por medio. Las comunidades podrían actuar de forma inmediata ante cualquier emergencia. Además, Génova pide que los juzgados de lo contencioso-administrativo avalen la "privación" o suspensión de libertad con su autorización o rechazo.