El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abandonado sus pretensiones durante el estado de alarma que, a todas luces, se prorrogará hasta el 9 de mayo. Los planes del secretario general del PSOE pasaban porque se prorrogara el estado de alarma durante seis meses para dar cobertura jurídica a las comunidades autónomas para que, en su ejercicio como mando del estado de alarma, pudieran tomar las medidas que fueran necesarias. El Ejecutivo quería evitar la situación de la pasada primavera, evitando negociaciones tortuosas cada 15 días para prorrogar el artículo 116.2 de la Constitución cada dos semanas.
El acuerdo se cerró el pasado martes entre la portavoz del PSOE, Adriana Lastra; y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tras las quejas de partidos políticos de todo el arco parlamentario. El presidente del Gobierno comparecerá cada dos meses para evaluar la situación del estado de alarma, aparte de la comparecencia mensual del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
El PP decidió a última hora de este miércoles abstenerse en el debate y votación de la prórroga de seis meses del estado de alarma que aprobó el Gobierno el pasado domingo en un Consejo de Ministros extraordinario. No obstante, fuentes cercanas a la dirección de Génova 13 aseguran que llevarán esta prórroga a la Comisión de Venecia ante el presunto ataque que supone a la separación de poderes del Gobierno de Pedro Sánchez que, a su juicio, pretende eludir el control del Parlamento durante la vigencia de esta medida excepcional. El líder del PP, Pablo Casado, ha intervenido en el debate en un cambio de última hora: estaba pensado que interviniera la portavoz del PP, Cuca Gamarra. “Por alusiones, intervengo”, ha asegurado.
Desde el partido conservador critican que Sánchez se "lave las manos" y deje en manos de las comunidades autónomas la gestión de segunda ola de la pandemia del coronavirus. "El nuevo estado de alarma es la constatación de un fracaso. Alargarlo seis meses es la prueba de la falta de respeto por parte del Gobierno a la Constitución y al marco legal europeo", aseguran fuentes populares. "No nos podemos oponer a un marco de actuación contra la pandemia después de meses de dejación por parte del Ejecutivo, pero no podemos apoyar la falta de control parlamentario y judicial durante medio año, que es lo que propone el presidente", justifican los populares.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular sigue apostando por prorrogar el estado de alarma durante ocho semanas, hasta antes de Navidad, y llevar a cabo un plan B jurídico para sortear posibles estados de alarma requeridos ante la situación epidemiológica en el país a través de la reforma de la ley 3/1986 de Medidas Especiales de Salud Pública.