columnacero.com

La Fiscalía ordena solicitar información de treinta ayuntamientos por el referéndum ilegal

La Fiscalía ha ordenado solicitar información de 30 ayuntamientos catalanes por el referéndum ilegal del 1-O.

La Fiscalía ha ordenado recabar datos de treinta ayuntamientos catalanes, por el referéndum ilegal del 1-0. La Guardia Civil a instancias de la Fiscalía, ha entregado este lunes apercibimientos a una treintena de consistorios catalanes por respaldar el 1-O, en el que se les pide no colaborar con los preparativos del referéndum convocado para el 1 de octubre, y que se encuentra suspendido por el Tribunal Constitucional.

La entrega de estos requerimientos la ha ordenado la Fiscalía Superior de Cataluña. La Guardia Civil ha pedido que los ayuntamientos entreguen todos los documentos de apoyo a la consulta ilegal; entre ellos, los que tienen que ver con las autorizaciones en donde figure la cesión de locales para la realización del 1-O.

Lleida

En Lleida, la Guardia Civil ha acudido a los consistorios de Oliana, Bellpuig, Serós, Guissona y Tárrega, en éste último, el ayuntamiento ha facilitado una copia del decreto de alcaldía de cesión de locales, según han informado fuentes de Fiscalía.

Uno de los primeros ayuntamientos donde se ha presentado este lunes la Guardia Civil es el de Oliana, donde tres agentes han entrado sobre las 10:30, y han pedido a la secretaria, información relativa a la documentación que ha recibido el ayuntamiento sobre el referéndum. Los agentes han registrado el consistorio su solicitud para recoger toda la información relacionada con el decreto de cesión de espacios, para la consulta ilegal y las cartas de la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI).

Según el alcalde, Miquel Sala (PDeCat), lo que ha entregado la secretaria a los agentes, es un informe que ella hizo en su día, sobre cartas que había recibido el consistorio por parte del Gobierno central, advirtiendo a los funcionarios de que se deben al Estado y diciendo que contaran con él si se coacciona a los empleados públicos.

Exit mobile version