La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa penal al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, por delitos de atentado contra la autoridad y otro de lesiones por los que la Fiscalía solicitó para él un año de cárcel en San Cristóbal de La Laguna. Según el auto recogido, "propinó una patada" a un agente de seguridad.
El juzgado de número 4 de la localidad tinerfeña acordó abrir juicio oral contra Rodríguez por hechos que, previsiblemente, constituirían un delito de atentado y lesiones tras una denuncia en la comisaría de La Laguna. Sin embargo, el auto de procesamiento quedó anulado parcialmente por su condición de aforado al ostentar uno de los 35 escaños que tiene la formación de Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados. En diciembre de 2019, se elevó la causa a la sala especial del Tribunal Supremo que juzga a parlamentarios.
Por ende, el Supremo ha abierto una causa penal por estos hechos. El procedimiento estará a cargo del magistrado Antonio del Moral.
No es la primera vez que se investiga a Rodríguez por hechos de esta índole. En 2017, el Supremo abrió causa por un delito de desorden público por hechos acontecidos en diciembre de 2006, causa que acabó archivada por haber prescrito dicho delito. También participó en una manifestación en La Laguna en 2014 cuando el por entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, visitó el archipiélago. El titular de Educación pilotaba, en aquel momento, la reforma educativa de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), y la concentración devino en lanzamiento de objetos, insultos y agresiones a las fuerzas de seguridad.
Podemos, en el foco
Esta no es la primera noticia que sale en los últimos meses en torno a Podemos. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha solicitado en las últimas horas que se tiene que investigar la contabilidad de Unidas Podemos en las elecciones generales del 28 de abril de 2019 porque, según el criterio del Ministerio Fiscal, existen “hechos que permiten fundamentar la existencia de indicios de la comisión de un delito de fraude electoral y otro de falsedad en documento mercantil”.
La consultora Neurona Consulting fue la encargada de prestar los servicios al partido de Iglesias. Según la Cadena Ser, que ha tenido acceso a los documentos, hay 290 euros que "no tienen consideración de gasto electoral" y, por ende, "no pueden ser considerados susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales".
La Fiscalía apunta a que los casi 300 euros facturados no son gastos de campaña. Una postura que la consultoría habría tenido previamente por calificar este dinero de "naturaleza preparatoria". El fiscal también pone de manifiesto que no queda "suficientemente acreditado" que los vídeos y diseños publicitarios del partido los elaborara Neurona.