La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala Segunda de lo Penal que archive una veintena de querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión en torno a la pandemia del coronavirus. Estas denuncias atacan al Ejecutivo por presuntos delitos de prevaricación, homicidio imprudente, lesiones o contra los derechos de los trabajadores. El Ministerio Público, en este caso liderado por el teniente fiscal Luis Navajas, piden al Supremo que se archiven las 20 causas abiertas presentadas por partidos, asociaciones y colectivos en un informe de 300 páginas.
El delito de prevaricación por omisión es uno de los que más se repiten en las querellas. Los denunciantes critican que el Gobierno se mantuvo inactivo ante la gravedad de la situación, con una transmisión comunitaria del coronavirus entre la población y picos de casi 1 fallecidos al día en los peores momentos del estado de alarma. La Fiscalía asegura que "la imposibilidad de afirmar que, cuando menos con arreglo al actual estado de la ciencia, los querellados pudieran haber desarrollado actuación alguna que pudiera evitar los desgraciados efectos producidos por la pandemia". Por ello, subraya que "no existen elementos que permitan afirmar, ni tan siquiera indiciariamente, que el Gobierno se mostrara poco ágil o poco diligente".
El delito de prevaricación por acción, presentado por la Asociación Unificada de Guardia Civil, el Colectivo Profesional de Policía Municipal deMadrid, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería y la Asociación Terra Sostenible, tampoco se habría cometido por parte del Ejecutivo. El Ministerio Fiscal recoge lo siguiente: "Tampoco se ha justificado tan siquiera indiciariamente en qué contribuyó la actuación de los querellados a crear o aumentar un riesgo que, además de no resultar preexistente, parece palmario que jamás se halló, ni pudo hallarse, controlado, extremo que impide equiparar la inacción que se les atribuye a la causación efectiva de múltiples muertes".
Otros delitos recogids en las denuncias son, por ejemplo, el de riesgos laborales. Tampoco aprecia la Fiscalía delito alguno porque, "las referencias genéricas a la falta de equipos y la falta de control sobre los adquiridos impide determina que exista no solo responsabilidad penal, sino tan siquiera vulneración alguna", subraya el informe. "Resulta difícilmente concecible que el Ministerio del Interior tuviera el 'control ddel riesgo' de cada centr en el que supuestaamente no sse proporcionaaron las medidas de seguridad", añade.
El último delito es la compra de material defectuoso. "Si convenimos en que la única conducta que pudiera presentar indicios de tipicidad es, precisamente, la consistente en importar productos sanitarios defectuosos, su atribución debiera efectuarse, en todo caso, a aquella mercantil", suma el informe.