El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el líder de la oposición, Pablo Casado, estuvieron a punto de cerrar un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El presidente del PP comunicó al líder socialista su predisposición para sentarse a negociar el reparto de puestos en el órgano de gobierno de los jueces a través de un mensaje "privado" vía WhatsApp, una voluntad que provocó que se alcanzara un acuerdo "al 99%". Sin embargo, los ataques de Podemos a Don Juan Carlos tras su salida, "en estos momentos", de España dinamitó todos los puentes.
Este es el comunicado:
"El PP explicó en una nota de prensa las razones que motivaron que no vaya a apoyar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
El 6 de julio, en el 40 aniversario del Tribunal Constitucional, la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Justicia solicitaron al presidente del Partido Popular iniciar conversaciones para la renovación de los órganos institucionales.
Pablo Casado encomendó las conversaciones al secretario de Justicia del PP, Enrique López, que durante el mes de julio avanzó en la elaboración de una “Ley para el reforzamiento de la independencia de la Justicia”, como paso previo a las negociaciones, después de que el PSOE rechazara el 20 de diciembre de 2018 la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta por el PP y aprobada por el Senado previamente.
El 22 de julio, Pedro Sánchez propuso por whatsapp a Pablo Casado los interlocutores para avanzar en las conversaciones de renovación de los órganos institucionales que fueron aceptados con una escueta respuesta, sin entrar a valorar ni siquiera el fondo de la cuestión.
El 28 de julio, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial informó de estas conversaciones que fueron confirmadas por el Partido Popular y el Partido Socialista.
El 3 de agosto, la Casa Real anunció la salida de España del Rey Don Juan Carlos, lo que motiva un intolerable ataque del vicepresidente segundo del Gobierno al Rey Don Felipe. El líder de la oposición no fue en ningún momento informado por el presidente del Gobierno, y transmitió a Moncloa que el pacto de renovación institucional no podía avanzar con el Gobierno arremetiendo contra la Jefatura del Estado.
El 11 de agosto, Podemos fue imputado por financiación irregular mientras intensificaba sus críticas al Poder Judicial, a la Monarquía, y pedía un gobierno con Bildu en el País Vasco y un pacto presupuestario con Esquerra a cambio de retomar la mesa de autodeterminación de Cataluña.
Por todo ello, el 14 de agosto Pablo Casado transmitió al Gobierno, a través de una reunión presencial de sus interlocutores, que no se podía acordar la renovación de las instituciones del Estado si Podemos tenía cualquier papel en ella.
El 2 de septiembre, el presidente del Partido Popular se lo comunicó personalmente al presidente del Gobierno en la Moncloa y lo hizo público en una larga comparecencia de prensa.
La transparencia y la responsabilidad institucional han regido todo este proceso por parte del principal partido de la oposición, a pesar de las insólitas filtraciones manipuladas en los medios de comunicación.
La posición del Partido Popular es firme y coherente y siempre se guiará por el reforzamiento institucional del Estado y la despolitización del Poder Judicial".