La Fiscalía de Madrid ha enviado un escrito al Juzgado de Instrucción número 42 de la capital de España para solicitar que se investigue a Podemos solamente por los contratos que alcanzó con la empresa Neurona de cara a las elecciones generales del 28 de abril. El Ministerio Público pide al juez que desestime el resto de causas procedentes de la declaración del exabogado de Podemos José Manuel Calvente porque se basan en "rumores, sospechas o suspicacias" o "ni siquiera existen indicios" de los delitos de los que el abogado acusa al partido de Pablo Iglesias.
El Tribunal de Cuentas vio indicios de un delito de falsedad de documento mercantil y un delito electoral en este sentido. La Fiscalía de Madrid asegura que "existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto". Además, “de la información bancaria resulta que Neurona efectuó abonos en fechas próximas a las elecciones de 2019 a una mercantil de tecnología digital con sede en Dallas (Creative Advice Interactive) por un importe total de 308.257,20 euros, cuando las transferencias de la coalición son manifiestamente superiores”.
La formación morada tiene una estrategia desde hace semanas: defender su inocencia de todos los delitos de los que se le acusa y animar a la Justicia a investigar todo aquello de lo que se sospeche. El líder de Unidas Podemos aseguró lo siguiente: "Estamos a disposición de las autoridades judiciales para que nos requieran toda la documentación e información que consideren. La financiación de Podemos ha sido investigada repetidamente y jamás se ha hallado un indicio de delito”. En este sentido, el "número tres" del Ejecutivo ha recibido el apoyo del resto de miembros del Consejo de Ministros. Entre elloss, el del propio presidente, Pedro Sánchez.
Esta investigación se remonta a la declaración ante el juez de Calvente, que ofreció sus servicios como abogado a Podemos entre 2014 y 2019 y denunció ante el juez una batería de irregularidades. El magistrado Juan José Escalonilla decidió iniciar una investigación por presuntos delitos de malversación y administración desleal en contratos firmados para la campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019; en la obra de reforma de la nueva sede de la formación; en el pago de "sobresueldos" a través de complementos; y en la salida "opaca" de fondos de la caja de solidaridad -un instrumento con el que todos los cargos públicos de Podemos donan parte de su salario a entidades sociales-.