El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso que la federación de cuerpos superiores de la Administración ha interpuesto por el presunto uso abusivo del nombramiento de "no funcionarios" mediante la excepción legal recogida en el ordenamiento.
Esta admisión del recurso permitirá que se investigue la designación "a dedo" de 35 altos cargos propuestos por el Gobierno y si esta ha excedido los márgenes legales para el nombramiento de cargos "no funcionarios" con rango de director general o asimilados mediante los Reales Decretos promulgados por el actual Gobierno de coalición de PSOE y Podemos. El recurso de la FEDECA se posiciona contra esta designación excesiva, a su juicio, de personal y profesionales sin carrera de funcionariado administrativo para una serie de niveles directivos que, de acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, se reserva de manera exclusiva a funcionarios.
En el recurso presentado por Fedeca, se conmina a la anulación de las designaciones llevadas a cabo mediante esta figura de Reales Decretos ya que argumentan que se ha hecho un uso abusivo de la excepción legal que permite la designación de cargos directivos con rango de director general a personal ajeno al cuerpo de funcionarios.
Estas designaciones se han llevado a cabo hasta un total de 35 veces, sobre un total de 133 puestos disponibles, es decir, uno de cada cuatro puestos. Esto contrasta con el uso de la excepción por otros Gobiernos como el de Rajoy, que apenas alcanzó la decena de cargos nombrados "a dedo". Además, desde que Fedeca inició el procedimiento, estos puestos se incrementaron de 26 a los 35 actuales.
Según declaraciones de Fedeca a La Información, el Gobierno no ha hecho caso de la ley que exige que las designaciones llevadas a cabo de este modo sean realizadas de forma excepcional y justificada y que vengan acompañadas de un informe motivado del ministerio que promueva este nombramiento y nada de eso se ha llevado a cabo en las 35 designaciones a dedo denunciadas.
Según las mismas declaraciones del portavoz de Fedeca, el Gobierno no ha justificado ninguno de estos nombramientos y sus argumentaciones son vagas y se mueven en la generalidad con afirmaciones que apelan a la necesidad de tener una serie de conocimientos que se mueven en una transversalidad que son "difíciles de encontrar en la Función Pública" o que el propio cargo está por encima de las competencias administrativas normales y en muchos casos ni tan solo el ministerio se ha molestado en motivar el nombramiento.
Es por esto que desde la Federación se pide la anulación de los cargos y que sea el Supremo el que fije, mediante resolución, cuáles han de ser los criterios a a seguir y los motivos de justificación de los mismos. Se entiende, desde la Fedeca, que esta justificación puede darse cuando no haya un funcionario de rango A1 o asimilado capacitado para el cargo y recuerdan que en España hay actualmente 100 funcionarios de ese nivel, por lo que consideran que si no hay entre esos profesionales 35 personas capaces de cubrir ese puesto, España tiene un serio problema en la selección de su cuerpo de funcionarios.