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Iglesias y Montero interrumpen sus vacaciones en Asturias “por seguridad”

Pablo Iglesias e Irene Montero en el Congreso de los Diputados.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias; y la ministra de Igualdad, Irene Montero; han interrumpido sus vacaciones en el municipio de Felgueras del Valle del Lena (Asturias) "por la seguridad de sus hijos". En las últimas horas, después de que proliferaran en redes sociales mensajes amenazantes y protestas contra su presencia en el pueblo, los dos miembros del Consejo de Ministros han decidido adelantar su vuelta a Madrid.

Algunos de estos mensajes animaban a los vecinos a pasar a "saludar" al vicepresidente segundo, adjutando la ubicación exacta en donde se encontraba la pareja junto a sus tres hijos. La residencia en la que descansaban los dos miembros de Unidas Podemos pertenecía al secretario general del PCE, Enrique Santiago. 

Actualmente, la familia Iglesias-Montero se encuentra en su casa de Galapagar (Madrid), donde también han sido objeto de amenazas en los últimos meses. 

"El acoso de la extrema derecha a Pablo Iglesias Irene Montero y a sus tres hijos es inadmisible en una democracia. Dice mucho y nada bueno de la derecha extrema española y su política del odio. Mi solidaridad plena con la familia", indicó el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en su perfil de Twitter. 

Podemos, en el foco de la crítica

La presunta financiación ilegal de Podemos y la caja B con la que varios de sus dirigentes se habrían estado enriqueciendo ilícitamente durante años se ha convertido en la última baza de los populares para atacar a Pedro Sánchez. El PP ha presentado un escrito ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados -el órgano rector de la Cámara en periodo electoral o de vacaciones- tan solo 48 horas después de que saliera a la luz la declaración del exabogado de Podemos José Manuel Calvente para que Pablo Iglesias explique en un pleno extraordinario de la Cámara Baja "la pregunta financiación ilegal de su formación". 

En el texto presentado, los populares piden que el líder de Unidas Podemos detalle "cómo afectan al desempeño de su cargo como vicepresidente segundo, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España, las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo sobre la presunta financiación ilegal de Podemos, la formación política de la que es secretario general, y que ha sido imputada como persona ­jurídica”.

Casado sabe que esta petición es muy difícil que salga adelante por el escaso apoyo que tiene en Hemiciclo y, por ende, el corto recorrido parlamentario que tendrá. El mismo PP que criticaba que la Cámara Baja solicitara la comparecencia de Mariano Rajoy cuando salían a la luz nuevos detalles sobre la financiación ilegal del PP cuando la labor del Congreso es controlar la acción del Gobierno.

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