La pandemia del coronavirus ha creado figuras fiscales y sociales que requieren de un gran número de personas para cubrir todas sus vacantes. Los rastreadores son un ejemplo de ello. ¿Qué son? En pocas palabras: personas que notifican contagios por Covid-19 y que exploran los posibles contactos de esos casos notificados para pedirles que se confinen voluntariamente para evitar exponer a los de su alrededor a un riesgo innecesario.
Últimamente, los rastreadores están en primera línea por su gran utilidad. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, está a la cola en número de personas que exploren las diferentes vías de contagio cuando la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, prometió a principios de mayo que fomentaría el contrato público de profesionales sanitarios para rastrear los contagios. Sin embargo, a 15 de agosto, no están esos rastreadores y es más: promovió el voluntariado de estudiantes, sin asignación económica ninguna, cuando la ley de voluntariado de la región de 2015 prohíbe que se lleven a cabo voluntariado en trabajos de la administración pública. Quien sí lo ha valorado positivamente es la CEOE. Este es su comunicado:
“Desde CEOE queremos poner en valor la puesta en marcha de la aplicación ‘Radar COVID’ por parte de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en tanto que seguro será una importante herramienta que permitirá evitar con mayor efectividad el crecimiento de nuevos rebrotes. En esta línea, animamos a toda la sociedad a utilizar este medio con el fin de reducir el aumento de contagios.
De cara al próximo mes de septiembre, los empresarios españoles propondremos al resto de agentes sociales en el ámbito del diálogo social profundizar en este proyecto, con el objetivo de que este sistema tenga una aplicación más desarrollada en el marco de la empresa, que ayude a proteger a los trabajadores frente al COVID-19 y resguarde también a la actividad económica, tratando de forma localizada y efectiva cualquier posible brote que se pueda detectar. Todo ello preservando la privacidad de los usuarios.
En estos momentos, después de superar la etapa del confinamiento, la economía española se encuentra en una situación en la que no puede enfrentar un rebrote similar al de marzo que nos lleve a un nuevo confinamiento con la consiguiente paralización de la actividad, ya que tendría consecuencias catastróficas e irreversibles. Por ello, emplazamos a todas las administraciones públicas a implicarse en este proyecto y hacemos una nueva llamada a la responsabilidad a toda la sociedad con la confianza de que, compartiendo el objetivo de proteger la salud de los ciudadanos y la actividad económica, podamos seguir avanzando en la definitiva superación de esta crisis sanitaria y económica”.