Los chavales seguirán yendo a clase aunque en septiembre haya brotes como los de ahora. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha aclarado hoy en la SER que “el curso comenzará en septiembre con pautas análogas a las de otros cursos, pero adaptadas a las circunstancias, con la presencialidad como pauta general”. El curso académico será moldeable en función de la situación, pero los resultados de la presencialidad son “insustituibles” y “las escuelas han de permanecer abiertas” porque “es un acuerdo con las comunidades autónomas”. La responsabilidad estará en el sistema educativo: “Las medidas de higiene y de distancia han de ser observadas por los centros”.
La clave: la coordinación con las comunidades y el destino de las ayudas. Varios partidos tumbaron las conclusiones de la parte económica de la reconstrucción porque el Ejecutivo había centrado las ayudas solo en la pública, obviando a la concertada. Celaá ha aclarado que los 2000 millones son “para que las comunidades lo destinen a la educación, no solo a la pública; ese dinero es para todos los centros”. Eso sí, el Gobierno fijará su mirada en el cogote de las autonomías: “Espero que haya responsabilidad en las comunidades y espero que atiendan primero a los alumnos más vulnerables; ¿qué conseguiríamos si le damos una tablet a un alumno que ya tiene una?”. La idea es que haya “responsabilidad y sentido común en el reparto de los recursos”.
Pero la relación con los territorios no está siendo fácil. Algunos presidentes ya han denunciado la falta de un criterio común y de diálogo con el Gobierno, que insiste en que las escuelas tienen que seguir abiertas: “Es irrenunciable”. Celaá ha asegurado que “si hay un brote en un grupo burbuja, se debe cerrar” ese conjunto de alumnos, pero el objetivo es que la escuela siga funcionando. La ministra pretende coordinar todo el sistema “con el mayor respeto a las comunidades” a través de ese fondo de 2000 millones para que cada una lo gestione libremente: “Nos encontramos con un sistema educativo con falta de recursos y con recortes y hemos respondido con más recursos”. La intención es llegar al 5% del PIB en inversión en educación para 2025. La FP también es una prioridad para la ministra, que ha hablado de la necesidad de conectarla con el siglo XXI (5G, realidad virtual), sin olvidar los ámbitos más tradicionales. Es fundamental cargarla de prestigio, dice, “ya desde la escuela” e incorporarla a la empresa.