La Comunidad de Madrid, a través de un convenio suscrito entre la Agencia y el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, garantizará la atención a los adultos tutelados y curatelados por la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos (AMTA) durante el estado de alarma decretado por el Gobierno central por la evolución del coronavirus (COVID-19).
De esta forma, los profesionales de la AMTA recibirán un curso que les aportará dotarles de las herramientas y técnicas de acompañamiento telefónico necesarias, con estrategias de escucha activa, empatía y asertividad para tratar de rebajar el sufrimiento, la insatisfacción o la angustia que puedan experimentar las personas tuteladas en cuarentena.
En este contexto, la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad da respuesta a un colectivo especialmente vulnerable al confinamiento con el fin de que puedan sentir que los profesionales que les atienden normalmente de manera presencial siguen estando cerca y se preocupan por ellos. El objetivo es evitar que esta circunstancia excepcional pueda provocar en las personas tuteladas sentimientos de abandono, no pertenencia y, en todo caso, un malestar psíquico de consecuencias negativas para su bienestar y calidad de vida.
Para ello, el equipo de profesionales de la AMTA, entre ellos, educadores sociales, abogados, o administrativos han creado un espacio de voluntariado para dar apoyo telefónico a las personas tuteladas. La Agencia Madrileña de Tutela de Adultos ofrece protección jurídica y social a las personas mayores de 18 años, residentes en la Comunidad de Madrid, cuya capacidad se haya visto modificada judicialmente o está en proceso de ello.
Actualmente, la AMTA presta su apoyo a 3.452 personas, de las que el 27%, 932 personas, está en domicilio. La Agencia proporciona, a quienes tiene encomendada su protección, apoyo para el acceso a los recursos sociales necesarios a través del conocimiento de los aspectos personales, sociales, psicológicos o médicos y colabora con la iniciativa social para beneficio de las personas con capacidad modificada judicialmente.