El Gobierno balear propuso establecer una tarifa plana para las rutas interinsulares con una serie de características que han sido analizadas por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). Estas son las características básicas de la nueva propuesta planteada:
Primera. El precio final de venta al público quedaría fijado en 30 euros por trayecto entre islas y sería válido tanto para viajeros residentes como no residentes.
Segunda. La medida propuesta implicaría eliminar el actual descuento del 50% que se aplica a los residentes de las Islas en la tarifa aérea para los trayectos interinsulares, y la supresión del resto de bonificaciones y descuentos.
Tercera. En la medida no se especifican las condiciones operativas a las que tienen que responder las compañías aéreas interesadas (frecuencias o asientos).
Cuarta. El transporte quedaría sujeto a una única compañía con una tarifa plana y unas condiciones de frecuencia y ocupación.
Por todo ello, la CNMC considera que esta propuesta debe reconsiderarse teniendo en cuenta las siguientes observaciones:
La libre competencia es la opción preferente. Esta permite que si no hay fallos de mercado existan precios más ajustados, mayor calidad, variedad e innovación. Para los consumidores es más favorable que exista un mercado con una competencia potencial y al menos dos operadores que pasar a un mercado con un solo operador y precios fijados por la Administración.
En estas rutas no se identifica un fallo de mercado que justifique una medida tan restrictiva para la libre competencia como es la fijación de un precio único.
Tampoco se incluye en la propuesta del Gobierno balear un análisis a fondo de los costes económicos que esta medida tendría, ya que, a diferencia del sistema vigente, prevé compensaciones públicas para la compañía área elegida mediante los Presupuestos Generales del Estado.
Se recomienda, en cualquier caso, revisar las condiciones del sistema vigente como el nivel de ocupación, las frecuencias, o los parámetros para la fijación de la tarifa de referencia y replantearse si alguna de ellas podría rediseñarse para atraer a más compañías aéreas.
Sólo si se mostrara que la libre competencia no es posible y fuera preciso fijar determinadas Obligaciones de Servicio Público, éstas deberían aplicarse según los principios de necesidad y proporcionalidad.
Con independencia de posibles deficiencias en las actuales subvenciones a residentes, no se ha justificado suficientemente la necesidad de cambiar a un modelo de ayuda al viajero no residente. Dicha modificación debería ser objeto de notificación a la Comisión Europea para su análisis, al no encajar en algún supuesto de exención.