El Parlamento de Baleares ha dado luz verde este lunes, a la proposición de ley desarrollada por PSOE, Podemos y MÉS que permitirá regular las corridas de toros, y que establece la prohibición de maltrato y muerte del animal en la plaza. Al mismo tiempo, la nueva ley autonómica impedirá la entrada de menores de 18 años en las fiestas taurinas.
La propuesta ha entrado en el Parlamento regional, después de ser modificada para no afectar las competencias de las normas estatales. La ley ha sido aprobada, teniendo los votos en contra de PP y Ciudadanos.
Nueva ley autonómica
El texto, desde su entrada en vigor, establece la prohibición del animal, además de impedir el daño físico y psíquico que serán sancionados con multas de hasta 100 euros. Se fija el capote y la muleta como únicos elementos a emplear por los toreros, impidiendo el uso de ‘’banderillas, rejones, puyas, estoques o espadas’’.
Ahora, según el texto, en cada corrida podrán participar un total de tres astados y su intervención será de un máximo de 10 minutos. ‘’Una vez pasado ese tiempo, serán trasladados a los corrales’’.
Además el texto también establece que las corridas solo se podrán realizar en las plazas de toros permanentes y con ganado de un mínimo de 4 años. Los astados serán reconocidos de forma previa por el servicio veterinario, y por el presidente de la plaza, que tratarán de evaluar ‘’el estado físico y psíquico del animal’’. Los toreros y astados tendrán que pasar controles antidopaje antes de participar en la corrida.
Con esta nueva legislación, el Parlamento Balear eleva la edad de acceso a las plazas, de los 16 actuales a los 18, y prohíbe la venta y consumo de alcohol en el recinto. Tampoco tendrá cabida el toreo con caballos y el rejoneo.
Otra de las novedades del texto normativo, es que no se permitirán los circos con animales salvajes.
PSOE, Podemos y MÉS
Los partidos impulsores de la ley: PSOE, Podemos y MÉS, señalan que esta nueva legislación servirá de referencia para otros parlamentos regionales. Por su parte, el PP ha anunciado que el Gobierno central recurrirá la ley en amparo al Constitucional, en cuanto se ponga en funcionamiento.