Ni el general jefe del Mando Aéreo de Combate, ni el jefe del Estado Mayor del Aire, el Tribunal Militar Central y la Sala de lo Militar del Supremo tenían razón al sancionar con un mes y tres días de arresto, “en establecimiento disciplinario”, al subteniente José Salazar Pérez, ex delegado en Murcia de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), mayoritaria en las Fuerzas Armadas.
Así lo recoge la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional y de la que informa la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en un artículo, en el que la asociación se congratula, porque el Constitucional “reconoce el derecho de libertad de expresión, de los trabajadores sujetos a régimen militar”.
“Le están complicando la vida”
Para el Tribunal, el correo electrónico escrito por el subteniente, en relación a la situación que vivía en ese momento una compañera de la UME: “le están complicando la vida por su labor asociativa”; “no contiene expresiones irrespetuosas o descalificativas”, ni tampoco su tono es “desabrido o desmesurado”.
Sin embargo, el general jefe del Mando Aéreo de Combate estimó que esta expresión constituía una falta de disciplina, por “hacer manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas”, ya que era “una denuncia claramente infundada o temeraria”, que no se ajustaba “a las exigencias que el respeto a la disciplina y subordinación imponen a todo militar”.
Respecto a la veracidad de la denuncia (la persecución a una delegada de AUME), el Tribunal Constitucional aclara que “la libertad de expresión es un derecho que ampara también los juicios de valor, más aún, cuando el afectado es dirigente de una asociación profesional que actúa como tal”.