La Fiscalía ya se ha puesto manos a la obra y ha anunciado que investigará las presuntas actividades delictivas de una empresa de gestación subrogada de Ucrania a través de su sede en España. La Fiscalía General del Estado, encabezada por María José Segarra, ha encargado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional estudiar los hechos denunciados por el Gobierno que dirige Pedro Sánchez.
Tras estudiar la documentación relativa a esta empresa aportada por el Ministerio de Justicia, que dirige Dolores Delgado, la Fiscalía General ha remitido un oficio a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que proceda a analizar las actividades de esta mercantil. Así pues, será esta la que abra diligencias de investigación para ver si existen indicios de delito o es necesario recabar más pruebas, como puede ser documentación, informes periciales, declaraciones de testigos.
La nota de prensa de la Fiscalía añade que la denuncia de la ministra de Justicia en funciones hace referencia a una empresa que presuntamente realizaría servicios de gestación subrogada en Ucrania a través de su sede en España y que se ofertaban en una página web. Se deriva de una investigación en trámite en Ucrania, donde la gestación subrogada es una práctica absolutamente legal. Las diligencias se encuentran en una "fase embrionaria".
Esta investigación se abre después de que el Ministerio de Justicia haya pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue la gestación subrogada, instando al ministerio fiscal a inspeccionar las agencias de vientres de alquiler, que llevan a cabo una actividad prohibida en España desde 2016. Esta práctica consiste en la gestación por parte de una mujer de un bebé para terceras personas.
Es la primera vez que el Gobierno de España inicia este proceso. La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha aclarado que no se va a investigar a ningún padre ni a ningún menor, sino sólo a determinadas agencias, y no a todas. No obstante, no especificó sobre cuáles sobrevuela la sombra de la duda.
Y es que, ha detallado, además de lucrarse con una actividad ilícita, podrían estar cometiendo otros delitos como el de falsedad documental, el blanqueo de capitales o el tráfico de menores. Las agencias intermediarias que operan en España no se han pronunciado al respecto, dado que no se conoce exactamente cuáles son las diligencias que se van a emprender a partir de ahora, sólo está encima de la mesa el anuncio del Ejecutivo.
La portavoz de 'No somos Vasijas' y de la Red Estatal contra el alquiler de vientres, Alicia Miyares, ha calificado estos hechos de "buena noticia", pero pide ir más allá, prohibir estas agencias y que España no permita el registro de bebés nacidos por esta práctica en otros países. "Es una buena noticia que investiguen las agencias de alquiler de vientres. Esperamos con bastante expectación que la consecuencia de esa investigación sea que se aborde la prohibición de estas agencias de intermediación, la prohibición de publicidad y lo que es más relevante: la derogación de la instrucción de 2010 por la que se permite el registro de recién nacidos por esta práctica", ha precisado Miyares.