El Gobierno que dirige el presidente en funciones Pedro Sánchez ha dado un paso más en la lucha contra la gestación subrogada. El Ministerio de Justicia ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue la actividad. Así, ha instado al ministerio fiscal a inspeccionar las agencias de vientres de alquiler. Esta actividad, prohibida en España, consiste en la gestación por parte de una mujer de un bebé para terceras personas.
Es la primera vez que el Gobierno de España inicia este proceso. La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha aclarado que no se va a investigar a ningún padre ni a ningún menor, sino sólo a determinadas agencias, y no a todas. No obstante, no especificó sobre cuáles sobrevuela la sombra de la duda.
Y es que, ha detallado, además de lucrarse con una actividad ilícita, podrían estar cometiendo otros delitos como el de falsedad documental, el blanqueo de capitales o el tráfico de menores. Las agencias intermediarias que operan en España no se han pronunciado al respecto, dado que no se conoce exactamente cuáles son las diligencias que se van a emprender a partir de ahora, sólo está encima de la mesa el anuncio del Ejecutivo.
Las asociaciones y plataformas en contra de estas agencias y de la gestación subrogada piden mano dura y que el Gobierno de Sánchez actúe de verdad y "no se quede en el titular". Así, exigen que clausure la puerta que el Ejecutivo de Zapatero abrió en 2010 cuando permitió en España el registro de los menores que habían sido concebidos mediante esta fórmula.