La Unesco, que ya concediera la ciudad el título de Memoria de la Humanidad por ser Cuna del Parlamentarismo en 2013, por delante del Reino Unido que también buscaba llevarse el galardón, dio de nuevo la razón a León al considerar los “Decreta”, celebrados en San Isidoro en el lejano 1188, como las primeras Cortes parlamentarias. También se ha desestimado el intento de la Generalitat de Cataluña de arrogarse tal título, como pretendió el presidente de la misma, Carles Puigdemont, en su charla en la Universidad de Harvard donde proclamó que en Cataluña se había configurado el primer parlamento democrático del mundo, antes que en Inglaterra.
Para conseguir tal galardón la Unesco se fija en la documentación histórica, principalmente fuentes históricas documentales y que tengan validez y sello de autenticidad que les de el reconocimiento por parte de la Unesco, tal y como afirmaba la presidenta del organismo en Castilla y León, Isabel Cantón. Así, el criterio de la Unesco es que los documentos oficiales sustenten la opinión por encima de las consideraciones particulares y apreciaciones personales que pueda tener un historiador. De ese modo, los Decreta de 1188 son la documentación más antigua con reconocimiento de la Unesco, siendo así, los únicos documentos probados como tales.
Los Decreta de 1188 fueron declarados Memoria de la Humanidad en 2013, paso previo al reconocimiento otorgado hoy a la ciudad de León. España tiene también reconocidos como Memoria de la Humanidad al Tratado de Tordesillas y las Capitulares de Santa Fe, que lo recibieron en 2007 y 2009 respectivamente. El primer documento del Reino Unido que recibe tal acreditación son los Primeros Archivos de la Compañía Holandesa de las Indias. Al respecto la presidenta del Comité Organizador del Congreso sobre Parlamentarismo celebrado en León, Esther Seijas, quiso afirmar que la documentación y la defensa que de la tesis presentada ante la Unesco es solvente, probada y veraz, motivo por el que ha recibido tal honor.
Los Decreta se remontan a 1188 y fueron redactados durante el reinado de Alfonso IX de León, mostrando un sistema de gobierno y de administración que se da por primera vez y de forma original en las instituciones medievales españolas en las que el pueblo o la plebe participa de la toma de decisiones, junto con la nobleza, el clero y el rey, a través de representantes elegidos en pueblos, villas y ciudades.