Con las nuevas elecciones generales el 28 de abril, los partidos han comenzado la carrera por el voto. Han sido múltiples las acusaciones de populismo hacia el Partido Socialista de abusar de los reales decretos-leyes que tienen que convalidarse en la Diputación Permanente, un órgano poco conocido que toma mucha importancia estos días.
Esta diputación es la encargada de velar por los poderes de las Cámaras cuando no están reunidas en su totalidad, es decir, cuando el Parlamento esté de “vacaciones”, se haya disuelto o se haya expirado el mandato.
Diputación Permanente del Congreso
Cada Cámara tiene su diputación, y la del Congreso, la más importante, se encarga de sesiones extraordinarias en el “descanso parlamentario”, y de aprobar los reales decretos-leyes en caso de disolución o fin del mandato.
Composición
En ambas Cámaras ha de haber un número mínimo de 21 miembros respectivamente que sean representativos, proporcionales, a la representación parlamentaria habitual. Actualmente, la diputación del Congreso está formada por 24 diputados del Grupo Popular, 15 del Socialista; 12 de Unidos Podemos-EC-EM; 6 de Ciudadanos, 2 de ERC, 1 del PNV y 4 del Grupo Mixto.
Diputación Permanente del Senado
En el caso del Senado, puede adoptar las medidas necesarias reflejadas en el artículo 155 de la Constitución, es decir, obligar al cumplimiento forzoso de los deberes que la Comunidades Autónomas tienen que hacer y se niegan a ello.
Decretos Ley
La problemática de la campaña electoral es el abuso de los decretos por parte del PSOE. La Diputación Permanente del Congreso se encarga de convalidarlos o rechazarlos. Si los convalidan a los treinta días, se tramitan por el procedimiento de urgencia como proyecto de ley (que puede ser rechazado con enmienda a la totalidad) y se procede a enmendarse tanto en la Cámara baja como en la alta.
Al realizarlo, la ley que se acopla al ordenamiento jurídico puede resultar totalmente distinta al decreto inicial, pero ese mes que se ha tardado en convalidarse se aplica de la manera más pura. Si se rechaza se descarta el decreto y no se plantea ni si quiera un proyecto de ley.
Supuesto habilitante
La cuestión es el supuesto habilitante. El origen de un Decreto Ley debe ser un supuesto extraordinario y de urgente necesidad, una situación inusual, difícilmente previsible que es singular e importante; donde se han de adoptar unas medidas rápidas para impedir un daño a los intereses públicos, que no pueden esperar a ser aplicadas después del procedimiento legislativo ordinario, incluso de sus modalidades más rápidas. De ahí que se aplique el decreto un mes.
El problema es que todo ello es muy subjetivo, para el Gobierno sus medidas son urgentes y no pueden esperar a ser aprobadas por el método habitual (muy lento y complicado en muchas ocasiones) porque pueden resultar leyes totalmente distintas debido a las enmiendas que perjudiquen a la población. Para la oposición simplemente es una estrategia para saltarse el procedimiento legislativo ordinario, sumándole la sospecha de ser utilizados como campaña electoral al tener las elecciones tan próximas.
Si bien es cierto que un goteo constante de decretos en esta situación es sospechoso, todos los partidos que han gobernado lo han hecho tras criticarlo, y el Alto Tribunal no se ha mojado en el asunto. Sin embargo, sí ha dejado claro que el supuesto y el decreto tienen que tener conexión, es decir, no vale escudarse en un problema actual para hacer un decreto que afecte a ámbitos distintos de la justificación.
Por ejemplo, en julio de 2014, el PP aprobó un decreto-ley conocido como ómnibus, que regulaba aspectos muy variados: Registro Civil, aeropuertos, minas, empresas de trabajo temporal, entre otros. Al gozar el PP de mayoría lo convalidó, pero el Tribunal Constitucional estipuló que era en parte inconstitucional, no porque era muy heterogéneo, cosa totalmente válida, sino porque no correspondía con la justificación otorgada, iba más allá del problema planteado.
Así, la Diputación Permanente juega un gran papel sobre todo a la hora de los decretos-leyes en la disolución o fin del mandato, algo de lo que se suele abusar pero que tampoco se corrige a la hora de la verdad por los que lo criticaron.