Quim Torra no está dispuesto a obedecer a la Junta Electoral Central (JEC). Ayer expiró el segundo plazo de 24 horas que el órgano que vela por la neutralidad en procesos electorales dio al presidente de Cataluña para que retire los lazos amarillos y las banderas esteladas de los edificios pertenecientes a las instituciones del Estado. Es más: deja la decisión en manos del Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo de Cataluña, para que decida qué se hace, "esté o no de acuerdo con la misma", según la protavoz del Govern, Elsa Artadi.
El presidente del Síndic, Rafael Ribó, está elaborando un informe de acuerdo con el independentismo para volver a rebatir a la JEC su petición. La insittución podría responder de tres maneras diferentes: multar a Torra económicamente, acusarle de un delito de desobediencia a la autoridad o incluso mandar a los Mossos d'Esquadra a retirar la simbología independentista. Algunas voces apuntan a que podría reunirse el próximo lunes para tomar una decisión.
El Gobierno ha preferido mantener un perfil bajo y no tomar decisión alguna respecto. Algunos ministros han advertido a Torra de las posibles consecuencias que conlleva su decisión, pero no se ha publicado un comunicado oficial desde La Moncloa invitando al Govern a retirar la simbología soberanista en Cataluña. Solamente se han limitado a decir que "rayaría la desobediencia".