El Gobierno ha advertido al presidente de Cataluña, Quim Torra, de las consecuencias que tendría que el Govern use de modo privativo los el cuerpo de seguridad pública de Cataluña, los Mossos d'Esquadra. Después de los altercados que tuvieron lugar el pasado fin de semana, cuando los Comités de Defensa de la República (CDR) asaltaron varios puntos de peaje de la AP-7 durante 15 horas sin ser frenados por los mossos, La Moncloa ha mandado tres cartas al Palau de la Generalitat para establecer las líneas rojas.
La primera en mandarla fue la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Su escrito, dirigido al vicepresidente catalán, Pere Aragonès, ha intentado mostrar la "inquietud" del Ejecutivo por los "posibles incumplimientos de ordenamiento jurídico que se hayan producido".
La segunda carta fue escrita por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, al conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet. En ella, el socialista mostró su "profundo malestar" por los hechos acontecidos el pasado domingo y señaló los daños que la inacción de los Mossos puede acarrear a España y a Cataluña.
No obstante, el más tajante fue el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Su carta se dirigió al conseller de Interior, Miquel Buch. A él le ha recordado que las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pertenecen al Gobierno, "aunque estén cedidas". Por lo tanto, el ministro ha exigido a Buch que "dé las instrucciones necesarias para que los Mossos d'Esquadra ejerzan las funciones que constitucional, estatutaria y legalmente le incumben".
Torra se ha visto envuelto en varias polémicas en los últimos días. Al ayuno voluntario de 48 horas que inició para protestar por la situación de los políticos independentistas presos en Lledoners (Barcelona), se le han sumado sus propias palabras el pasado sábado, donde apostó por la "vía eslovena" para alcanzar la república catalana.